La vicecoordinadora del Grupo Legislativo local de Morena, Berenice Martínez, presentó una reforma para que las personas sancionadas por faltas administrativas no puedan volver a ocupar cargos públicos en el Estado, municipios u órganos autónomos.
La propuesta modifica el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y cerrar espacios de impunidad, en congruencia con los principios de la Cuarta Transformación.
“Se reestructura el contenido del artículo 59 para eliminar ambigüedades y reforzar la obligación de que se realice la verificación de los registros y sistemas por parte de las personas encargadas del proceso de contratación; dicha verificación deberá documentarse y deberán consultarse los sistemas nacionales y estatales”, indicó la diputada.
La iniciativa establece que la omisión de esta verificación, la falsedad del aspirante o la contratación indebida serán consideradas faltas graves, con sanciones que pueden ir desde la suspensión hasta la inhabilitación definitiva, pasando por la destitución y sanciones económicas.
“Se incorpora la obligación de inscribir las constancias de inhabilitaciones o sanciones firmes por faltas graves y no graves a los sistemas en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes. La omisión de inscripción de estas constancias también será considerada falta grave en términos de lo dispuesto por este artículo 59”, señala la iniciativa.
La diputada morenista agregó que la reforma busca reforzar los mecanismos de control y depuración del servicio público, al garantizar que las sanciones administrativas tengan efectos reales y preventivos.