Para evitar que los fraudes continúen en la entidad, en el Congreso del Estado se busca endurecer las penas de este delito, particularmente cuando las víctimas sean personas adultas mayores o cuando el engaño se cometa a través de medios digitales y tecnológicos.
La propuesta fue impulsada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez y plantea reformar el artículo 385 del Código Penal estatal para considerar estas condiciones como agravantes elevando así las sanciones en los casos de mayor impacto social.
“El objetivo es que la ley responda de manera proporcional y justa a conductas que hoy generan un daño social mucho mayor, sin romper el equilibrio del sistema penal y generar protección del patrimonio de las personas”, dijo el diputado Armando Víctor Gutiérrez.
Actualmente, las penas por fraude van de seis meses a 12 años de prisión, dependiendo del monto defraudado y con la reforma, las sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad, lo que permitiría que en los casos más graves la condena alcance hasta 18 años de cárcel.
Dentro de la reforma también se reconoce como adultos mayores a las personas de 60 años o más y contempla que el uso de internet, plataformas digitales u otros medios tecnológicos sea tomado en cuenta para agravar la pena, debido al aumento de este tipo de delitos en los últimos años.