En 2025, Jhoana, víctima de violencia de género, decidió compartir públicamente un video para exhibir a su pareja sentimental como su presunto agresor, luego de que el caso no avanzara por la vía legal.
Las fuertes imágenes, captadas por una cámara de seguridad instalada en su domicilio, muestran el momento en que el hombre la jala del cabello por el suelo, la somete físicamente y la golpea en repetidas ocasiones con cachetadas.
Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2025 y el material fue difundido a través de redes sociales, donde rápidamente generó indignación.
Tres meses después, el presunto agresor sigue libre
Al cumplirse tres meses de los hechos, el caso continúa impune. El presunto agresor fue identificado como José Luis “N”, quien hasta el momento no ha sido detenido ni sancionado.
De acuerdo con información extraoficial, la razón principal por la que el proceso legal no ha avanzado es que no existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.
Temor a represalias habría impedido la denuncia
Fuentes cercanas al caso señalan que Jhoana habría optado por no denunciar debido al temor de sufrir represalias, una situación común en casos de violencia de género.
Incluso, trascendió que la mujer habría salido del país como medida de protección para salvaguardar su integridad física, ante la falta de garantías de seguridad y acompañamiento institucional.
Cómo se castiga esta violencia en Tamaulipas
En Tamaulipas, la violencia de género y la violencia doméstica se sancionan tanto en el ámbito penal como mediante medidas de protección para las víctimas, de acuerdo con el Código Penal local y la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El Código Penal para el Estado de Tamaulipas tipifica la violencia familiar —que puede incluir agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales, económicas o sexuales— cuando se comete contra personas dentro de la familia o en relaciones íntimas, incluidas parejas y ex parejas.
Prisión: Quien cometa este delito puede recibir de 2 a 7 años de prisión.
Consecuencias adicionales: El agresor puede también perder el derecho a pensión alimenticia, ser obligado a tratamiento psicológico especializado y deberá hacerse cargo de la reparación del daño causado a la víctima.
