Reynosa, San Fernando, Matamoros, Río Bravo y otros municipios de la frontera han sido señalados por empresarios como los más afectados por la presencia de supuestos verificadores de dependencias como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), quienes realizan inspecciones con la presunta intención de obtener beneficios económicos.
Aunque hasta el momento estos señalamientos se han difundido únicamente en redes sociales y páginas de internet sin sustento comprobado, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha confirmado que sí han recibido quejas formales sobre estas visitas de presuntos inspectores.
El secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Roberto Cruz, explicó que este tipo de prácticas son recurrentes, pues falsos inspectores intentan sorprender a los negocios para obtener dinero.
Recomendó a los comerciantes verificar la identidad de los inspectores, quienes deben portar credencial oficial, e incluso un código QR que permita confirmar su procedencia.
Entre los giros comerciales que más reportes han emitido se encuentran consultorios médicos, farmacias, clínicas de belleza, barberías y estéticas.
Según Cruz, en el caso de que la visita sea realmente de Coepris, esta debe cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo una orden oficial dirigida al establecimiento.
Además, en caso de encontrarse alguna irregularidad, la dependencia debe otorgar un plazo para subsanar la situación y no imponer una multa inmediata.
La Fecanaco y la Canaco han llamado a los empresarios a reunir evidencias que puedan ser presentadas ante las autoridades competentes, así como a denunciar cualquier intento de cobro irregular.
“No entreguen dinero en efectivo" —advirtió Cruz—, "las dependencias tienen prohibido que los inspectores reciban pagos por trámites o gestiones. Ante cualquier sospecha, contacten directamente a la dependencia correspondiente para confirmar la identidad del verificador.”
Las cámaras empresariales reiteran que la colaboración ciudadana es clave para detener estas prácticas, que además de dañar la economía de los negocios, generan desconfianza y entorpecen la labor de los verdaderos inspectores que actúan de manera legal.