Preocupación migrante en la frontera ante posibles cambios
ONG's y defensoras de derechos humanos trabajan para mitigar el impacto de las posibles medidas, mientras en México se alza preocupación por efectos colaterales
La incertidumbre generada por posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, que podrían entrar en vigor en enero, encendieron alarmas tanto en la frontera de Tamaulipas como en las comunidades migrantes del Valle de Texas.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos trabajan para mitigar el impacto de estas posibles medidas, mientras en México se alzan preocupaciones por los efectos colaterales.
Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas, señaló que el temor es palpable entre las familias migrantes. La organización que encabeza brinda refugio y asesoría a quienes ingresaron a Estados Unidos mediante la aplicación CBP ONE y cuyos casos aún están en proceso. Además, apoya a residentes de larga data sin estatus legal, colaborando con consulados y abogados para ofrecer orientación.
“Estamos viendo la forma de cómo responder a las comunidades de aquí de nuestro valle. Hay muchas familias con mucho miedo, con mucho temor, que me va a pasar”, comentó Pimentel.
Caridades Católicas también implementa medidas preventivas para garantizar que los migrantes estén preparados ante eventuales cambios.
“Estamos trabajando con los consulados, con abogados, con organizaciones que buscan cómo preparar a las familias para que estén seguras y sepan qué necesitan para evitar problemas”, añadió.
Por su parte, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), otra organización clave, se ha enfocado en capacitar a los migrantes para actuar en caso de detenciones policiales o situaciones de emergencia.
“Enseñamos qué hacer en una parada de tráfico, qué hacer si tu familia es detenida por ICE, o quién cuidará a tus hijos si estás en la cárcel, por ejemplo”, explicó Joaquín García, representante de LUPE.
En el lado mexicano, organismos empresariales han manifestado su preocupación por el impacto que podrían tener las deportaciones masivas en ciudades fronterizas como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros. Roberto Cruz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), subrayó que la falta de servicios públicos complicaría la atención de un aumento en el flujo de deportados.
“Deberían ser deportados a su país de origen y no generar una presión adicional a México. Podemos ayudar de manera humanitaria, pero no hay presupuesto que alcance para atenderlos”, afirmó Cruz.
Empresarios han solicitado que las deportaciones se realicen por vía aérea directamente a los países de origen para evitar sobrecargar los recursos municipales e infraestructura local en la frontera.
La tensión por las posibles medidas migratorias y sus consecuencias refleja la fragilidad del equilibrio en la región, afectando tanto a las comunidades migrantes como a las ciudades que operan como puntos de cruce y destino.
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