Cinco pilotos de embarcaciones, denunciaron públicamente que el Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, Delegación Tampico, intentó despojarlos de vehículos adquiridos con recursos provenientes de su propio trabajo, como represalia por haber decidido abandonar la organización sindical y ejercer de manera independiente, derecho que afirmaron está protegido por la Constitución.
Durante una rueda de prensa, acompañados por su abogado defensor Tomás Jesús González Santiago, los capitanes de altura aseguraron que fueron objeto de una denuncia penal por el delito de abuso de confianza, procedimiento que derivó incluso en cateos a sus domicilios y el aseguramiento de sus unidades, hechos que calificaron como una estrategia de presión para obligarlos a reincorporarse al sindicato.
El litigante informó que un juez de control resolvió no vincular a proceso a los cinco pilotos, al considerar que el Ministerio Público no acreditó los elementos necesarios para configurar el delito de abuso de confianza.
Aseguran que el conflicto inició al dejar la organización sindical
Explicó que los cinco pilotos pertenecían al Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto Delegación Tampico, organización a la que ingresaron al iniciar sus actividades como pilotos autorizados por la Secretaría de Marina.
Al afiliarse firmaron un documento mediante el cual autorizaban al sindicato a cobrar directamente los pagos derivados de los servicios de pilotaje marítimo que ellos realizaban.
Detalló que el esquema de operación consiste en que las consignatarias pagan al sindicato los servicios efectuados por los pilotos, quien posteriormente distribuye los recursos entre los trabajadores mediante pagos quincenales y un fondo remanente que se entrega trimestralmente.
Según explicó, con esos recursos los pilotos podían realizar diversas adquisiciones, entre ellas vehículos, mismos que eran liquidados por el sindicato utilizando dinero perteneciente a cada trabajador.
Posteriormente, las unidades eran refacturadas simbólicamente a favor del piloto. "Todos saben que esos vehículos fueron pagados con dinero de ellos; el sindicato únicamente hacía el trámite administrativo".
El abogado aseguró que, una vez que los cinco pilotos decidieron separarse del sindicato, comenzaron las presiones. Recibieron advertencias de que, si no regresaban a la organización sindical, tendrían que devolver los vehículos que habían adquirido.
"Era una extorsión, el mensaje era: regresan al sindicato o devuelven los vehículos", afirmó.
Explicó que los pilotos decidieron permanecer como trabajadores independientes, ya que la legislación marítima únicamente exige contar con la autorización emitida por la Secretaría de Marina para prestar el servicio de pilotaje, sin que exista obligación de pertenecer a un sindicato.
Denuncian irregularidades durante los cateos
Los afectados relataron que posteriormente la Fiscalía solicitó una orden de cateo argumentando que los vehículos pertenecían al sindicato.
De acuerdo con González Santiago, el Ministerio Público presentó únicamente las facturas expedidas inicialmente a nombre del sindicato para solicitar el aseguramiento de las unidades.
Señaló que durante los cateos participaron elementos armados y vehículos tácticos. Los pilotos, tres de ellos residentes en el Fraccionamiento Lagunas de Miralta, aseguraron que el operativo generó alarma entre vecinos y afectaciones a su imagen pública.
Que, aunque al momento del operativo ninguno se encontraba en su domicilio debido a que realizaban maniobras de pilotaje, los vehículos fueron asegurados.
El defensor responsabilizó al agente del Ministerio Público Josué Morales, de haber solicitado el aseguramiento de los vehículos sin investigar el origen real de los recursos con los que fueron adquiridos.
Añadió que durante el aseguramiento tampoco se levantó un inventario detallado de las condiciones mecánicas de las unidades, ni se designó formalmente un depositario, como establece el procedimiento.
Sostuvo que la Fiscalía se negó a practicar una pericial contable solicitada por la defensa para demostrar que el dinero utilizado para comprar los vehículos provenía de los salarios de los propios pilotos. Por ello, señaló que fue necesario acudir ante un juez de control para que ordenara la realización de dichas diligencias.
Juez resolvió no vincular a proceso a los pilotos
Tras una audiencia que inició a la una de la tarde y concluyó alrededor de las siete de la mañana del día siguiente, el juez resolvió dictar auto de no vinculación a proceso a favor de los cinco pilotos.
Explicó que el delito de abuso de confianza exige que exista la posesión de un bien ajeno, situación que, afirmó, no ocurrió, debido a que los vehículos fueron adquiridos con recursos pertenecientes a los trabajadores.
Con la resolución judicial, los cinco pilotos recuperaron plenamente sus derechos y no enfrentan actualmente ninguna restricción legal.
Buscarán reparación integral del daño
Luego del fallo judicial, González Santiago anunció que solicitarán a la Fiscalía la devolución inmediata de las unidades aseguradas. Advirtió que también promoverán demandas civiles para reclamar la reparación integral del daño moral, económico y familiar ocasionado por el operativo.
Además, buscarán que se imponga una sanción punitiva ejemplar tanto contra quienes resulten responsables como contra las autoridades que, en su caso, hayan actuado indebidamente.
No descartó presentar denuncias penales si durante el desarrollo de los procedimientos se acreditan delitos cometidos por servidores públicos.
Los cinco pilotos navales afectados son: Raúl Gómez Arabia, Miguel Ángel Gando Ochoa, Héctor Alonso, José Ramón Medina y Justiniano Cuauhtémoc Méndez Díaz.
De acuerdo con el abogado, el valor conjunto de las unidades supera varios millones de pesos.
Los pilotos insistieron en que la legislación marítima nacional reconoce el derecho de cualquier piloto autorizado por la Secretaría de Marina para prestar el servicio de pilotaje sin necesidad de pertenecer a una organización sindical.
Indicaron que actualmente continúan laborando normalmente, facturando directamente sus servicios a las agencias navieras, sin intervención del sindicato.
Uno de los capitanes, con 36 años de trayectoria, afirmó que durante más de tres décadas perteneció al sindicato y conoce perfectamente el mecanismo mediante el cual se administraban los recursos de los pilotos, por lo que sostuvo que las unidades fueron compradas exclusivamente con dinero generado por su trabajo.
Finalmente, los afectados señalaron que, además de las pérdidas económicas, el operativo provocó afectaciones psicológicas, familiares y de reputación, por lo que confiaron en que las acciones legales permitan reparar el daño sufrido y sienten un precedente para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.