Vinculan a colaborador de Miguel Treviño por Torres Ysabella

Benito Juárez Calvillo, exdirector jurídico en el mandato del exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, fue vinculado a proceso y arraigado en su domicilio por el caso de las Torres Ysabella. 

Un juez de control del estado encontró elementos para juzgar a Juárez Calvillo como responsable del delito de ejercicio ilícito del servicio público y de daños en propiedad ajena por un monto cercano a $15.5 millones de pesos.

De acuerdo con una ficha difundida por el empresario Federico Zambrano, quien es propietario de desarrollo inmobiliario, el 2 de febrero del 2024, Juárez Calvillo no le informó al Cabildo de San Pedro que Torres Ysabella contaban con una suspensión definitiva de amparo al momento en que se determinó revocarles permisos y se ordenó demoler parte de la construcción.

Entre estaba un acceso que era una especie de puente y el cual, según Treviño, estaba en área pública.

“A consecuencia de esta vinculación a proceso un juez de control del estado, le ha imputado la medida cautelar de resguardo domiciliario para evitar su posible sustracción de la acción de la justicia, lograr su debida conducción y asistencia al proceso y por estimar el monto estratosférico de $15,500,000  pesos por concepto de la reparación del daño, valor total del monto de la demolición.

“Esto toda vez que dicho proyecto tenía una suspensión definitiva de un juez contencioso que estaba vigente el mismo 2 de febrero del 2024, el cual fue ignorada por el licenciado Benito Juarez Calvillo y estando en una sesión de cabildo, les informa que no existe ningún peligro para el municipio para proceder con una demolición del puente de acceso”, indica la ficha. 

La audiencia de vinculación inició la tarde del lunes y concluyó a la 1:45 de la madrugada de este martes.

El juez determinó que la fecha para cerrar la investigación será el 21 de marzo de este año.

De acuerdo al Código Penal del estado, de hallarse culpable por el juez, Juárez Calvillo podría alcanzar una penalidad de uno a siete años de prisión por el delito de ejercicio ilícito en el servicio público y de cinco a 15 años por el de daños en propiedad ajena.

“(Juárez Calvillo) incitó a los regidores para que aprobaran una demolición, sabiendo perfectamente que tenían una suspensión definitiva y no podían proceder a la demolición del mismo”, indica la ficha.