¿Quién responde por los robos en los estacionamientos?

Aunque miles de personas acuden cada día a centros y plazas comerciales en la zona metropolitana, pocos saben qué hacer si su vehículo sufre un robo o daño dentro del estacionamiento. 

Carteles con leyendas como "el establecimiento no se hace responsable por robos o daños" son comunes en estos espacios. Sin embargo, su validez legal está en entredicho.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los prestadores del servicio están obligados a asumir responsabilidad si ocurre un daño o pérdida en el vehículo y el consumidor tiene derecho a exigir una respuesta.

En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor establece requisitos claros: los estacionamientos deben contar con un contrato registrado, visible y vigente.

Además, deben portar un sello amarillo o bien hologrmas con el sello de la Profeco en sus máquinas de cobro, lo que garantiza su verificación y validez.

Aunado a esto, la ley exige que los estacionamientos tengan un seguro de responsabilidad civil -que cubra los posibles daños o pérdidas tanto en la propiedad del usuario como en la de terceros-, exhiban claramente sus tarifas, entreguen comprobantes, proporcionen información transparente y mantengan relojes registradores.  

“Yo los invito a que los ciudadanos también exijan sus derechos que cuando sufran algún daño ya sea por algún estacionamiento público o privado tienen derecho a recibir, estar asegurado para que su vehículo no sufra un daño patrimonial por accidente o por robo”.

“En algunos boletos se señala que existe un seguro no superior a los 300 mil pesos, únicamente por el robo o daño a su vehículo pero en otros se señala que únicamente por el robo total a su vehículo, eso sí aplica restricciones”, indicó el exdiputado José Alfredo Pérez Bernal. 

La vigilancia es otro factor al que están comprometidos los particulares pero esto no siempre pasa o no como se debería. 

A pesar de estos lineamientos, los robos continúan. Los llamados cristalazos son los más frecuentes.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se presentaron 134 denuncias en 2023 y 137 en lo que va de 2024.

No obstante, expertos aseguran que la cifra real es mucho mayor.

De acuerdo con el Inegi, las principales razones para no denunciar incluyen la pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades, miedo a represalias, o considerar que el daño no amerita el proceso.

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