Una grupo de afectadas por la desarrolladora Proyectos 9 se manifestaron en las afueras del edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey, para exigir avances en las más de 100 denuncias penales interpuestas tras no recibir los departamentos que pagaron en preventa.
De acuerdo con los manifestantes, desde hace cinco años la inmobiliaria prometió la entrega de departamentos, sin embargo, al día de hoy no existen avances reales sobre los inmuebles de los que algunos ya fueron pagados en su totalidad.
Al encabezar la protesta, Liliana Leal, vocera del movimiento y también afectada, explicó el origen y la intención de la manifestación.
“Estamos empezando esta lucha social porque somos miles de afectados, perdimos nuestro patrimonio. Hace cinco años o más dimos capital semilla desde $400 mil pesos hasta $15 millones de pesos, al contado, y los terrenos están sin hacer nada”, señaló.
Leal detalló que al menos son ocho proyectos inmobiliarios los que permanecen inconclusos o sin iniciar obra.
“En Sohl, que fue donde yo invertí, no hay absolutamente nada; Lalo y Lola están en el cascarón; el proyecto Volga, en Calzada del Valle y Río Volga, no tiene nada; y Las Palmas, en Gómez Morín, tampoco está construido”, afirmó.
La representante de los afectados aseguró que, durante años, los inversionistas han recibido únicamente explicaciones sin sustento y promesas incumplidas por parte de la empresa.
“Excusas, mentiras, no quieren dar la cara, ni construyen ni nos devuelven el dinero”, expresó.
Asimismo, denunció un presunto amedrentamiento por parte del director de la empresa, José Aurelio Lobatón, luego de comenzar a visibilizar públicamente el caso.
“Mi denuncia penal tiene 10 meses y no avanza, pero la que él puso en mi contra por difamación, en 15 días ya estaba notificada, me quiere acobardar y no lo va a lograr”, dijo.
En cuanto al número de carpetas de investigación y la magnitud del daño económico, Leal indicó que el avance de los procesos ha sido prácticamente nulo.
“Más de 100 denuncias penales que no avanzan”, señaló, y añadió que los afectados superan los 2,000, con inversiones que van “desde $400,000 pesos hasta $15 ó $20 millones de pesos”, indicó.
En su caso particular, afirmó que perdió “la jubilación de 30 años de trabajo”, y que hay jóvenes que vendieron sus pertenencias para adquirir un departamento que nunca les fue entregado, pese a que las fechas de entrega estaban pactadas entre 2023 y 2026.
Confirman número de denuncias presentadas ante las autoridades
Por su parte, el abogado Raymundo Ramírez, asesor jurídico del grupo de afectados, confirmó el número de denuncias formales presentadas ante la autoridad.
“Por lo menos 150 denuncias que han sido presentadas, algunas con años”, señaló, sin que hasta el momento se les haya dado el impulso correspondiente.
El litigante advirtió que se trata de un caso con un impacto social significativo debido al número de víctimas.
“Una repercusión social muy grave”, al tratarse de “ocho edificios de departamentos que ni siquiera han iniciado, donde las personas ya pagaron completamente”.
Ramírez subrayó la gravedad de las operaciones realizadas por la empresa al señalar que hay inversionistas que entregaron una importante cantidad de dinero y pidió celeridad de las autoridades.
“Son $5 millones de pesos por un departamento y el edificio ni siquiera ha empezado, se tiene que iniciar una investigación y darle impulso (a las carpetas) ”, explicó el abogado.
Cabe recordar que Proyectos 9 también fue relacionada con el fallido proyecto Chinatown en el centro de Monterrey, desarrollo que fue cancelado y que estuvo envuelto en señalamientos de irregularidades y presuntos fraudes inmobiliarios, lo que incrementó la desconfianza entre los inversionistas.
Los manifestantes advirtieron que esta será la primera de varias protestas y reiteraron su exigencia de ser escuchados por las autoridades.
“Queremos justicia. Tenemos denuncias penales y la fiscalía no actúa. ¿Qué está pasando?”, cuestionó Liliana Leal, al asegurar que no se retirarán hasta ver avances reales en sus casos.