Ante lo que calificaron como una laguna legal en el Código Penal del Estado, los diputados locales del PRI, Heriberto Treviño Cantú y Javier Caballero plantearon establecer plazos en la suspensión de derechos familiares que los agresores pudieran tener con la víctima.
La propuesta busca que dichos derechos duren el mismo periodo que dure la pena de prisión que se les imponga en juicio, para evitar la revictimización de los afectados.
De acuerdo con los legisladores, en el Código Penal ya se considera la pérdida de los derechos familiares cuando una persona comete los delitos de violación, incumplimiento de obligaciones alimentarias, violencia familiar, lesiones contra menores de doce años, delitos contra adultos mayores, o feminicidios, así como la sanción penal.
No obstante, al no existir un periodo determinado en la normativa, favorece a que los agresores recurran a amparos que terminan afectando a las víctimas.
“Hoy, cuando un padre comete un delito familiar y es sancionado con prisión, en automático pierde sus derechos familiares de manera indefinida, lo que es contrario al principio constitucional de que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico protegido. Por esto mismo, se han presentado casos que, al ampararse, se le restituyen al agresor los derechos que tuviese con la víctima, vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolos”, explicó el también coordinador del grupo legislativo del PRI, Treviño Cantú.
En tanto, Caballero Gaona precisó que la iniciativa de reforma será a los artículos 269, 287 Bis 1, 306 Bis 4, así como el tercer párrafo del artículo 301 Bis 8 del Código Penal del Estado.
“Al identificar esta área de oportunidad y para evitar fallas en la aplicación de las sanciones contempladas por nuestro Código Penal, estamos presentando esta iniciativa de reforma para que se adecue y armonice la sanción en cuanto a la pérdida de los derechos familiares, como lo son los derechos sucesorios, de convivencia con los hijos, de patria potestad, entre otros, para proteger a los grupos más vulnerables de las familias, como son los hijos e hijas, los adultos mayores y las cónyuges, quienes son los más expuestos a ser víctimas de delitos”, concretó Caballero.