Para evitar una revictimización por la burocracia en las denuncias, autoridades estatales y legislativas concordaron en que el sistema para realizarlas debe de ser actualizado para que el proceso de denuncia por pensión alimenticia no sea una tortura para las víctimas.
Durante una mesa de trabajo sobre el “Registro Estatal de Deudores Alimentarios” en el Congreso del Estado, la Secretaria de las Mujeres del Estado, Graciela Buchanan indicó que el actual proceso de denuncia obliga a las mujeres víctimas de abandono familiar.
“Tiene que generarse un sistema en el que que el poder judicial y el DIF (trabajen en conjunto) y lo envíen, que hagan eso de generar convenios para una parte informática rápida y que (la demanda) se presenta en una sola dependencia y que con eso porque eso también las mujeres que no sé que se les diga que demanden aquí o allá.
“Que quede muy claro que si vuelve a incumplir, vuelve a entrar sí y o sí, el delito de abandonó de familia que también es un camino para las mujeres fuerte de por si”, dijo Graciela Buchanan.
También plantearon que la pensión alimenticia debe de ser más allá de los 18 años, porque hay muchos jóvenes que continúan sus estudios hasta después de esa edad y necesitan tener acceso a los alimentos.
“Sabemos que los deudores son muy buenos para tener abogados que son muy mañosos que no espera la sentencia definitiva, pero todas las personas tienen que tener un proceso de derecho a los alimentos, verdad, porque muchas personas creen que solamente ya pueden acceder al registro”, señaló.
La diputada de Morena Greta Barra, también Presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, aseguró que trabajarán en reformas que refuercen este tema.
El Registro Estatal de Deudores Alimentarios es un padrón de personas que incumplen con la pensión alimenticia, el cual busca que aquellas personas, sean hombres o mujeres que incumplan con el pago a sus hijos, tengan consecuencias legales y administrativas
“Es sumamente importante que se definan los criterios técnicos y jurídicos con los que se va a operar y que queden claros a todos los involucrados.
“El objetivo es muy claro: garantizar que el Registro de Obligaciones tenga un impacto real en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y en las personas que son acreedoras alimentarias de Nuevo León”, agregó Greta Barra.
