Para intentar frenar el juicio político contra el gobernador Samuel García, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, entregó ante la Oficialía de Partes cinco carpetas de investigación relacionadas con las acusaciones contra el mandatario.
La legisladora señaló que los expedientes, correspondientes a investigaciones de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP).
De acuerdo con Pámanes, los peritajes y diligencias realizadas por las autoridades permitieron descartar tanto la existencia de daño patrimonial al erario estatal como una presunta triangulación de recursos públicos.
“Lo que nosotros estamos solicitando es que esta acción por parte de la Comisión Anticorrupción quede sin efecto. La Fiscalía Especializada y también la Fiscalía Estatal han hecho ya una investigación y han dictado el inejercicio de acción penal en cada uno de los hechos denunciados”, afirmó.
Pámanes cuestiona investigación del Congreso
La diputada cuestionó que la Comisión Anticorrupción haya admitido el procedimiento de juicio político con base en una nota periodística y sin solicitar información a las fiscalías encargadas de investigar posibles delitos.
“Curiosamente, la Comisión Anticorrupción nunca requirió información ni de la Fiscalía Estatal ni tampoco de la Fiscalía Anticorrupción”, sostuvo Pámanes, quien consideró que ambos organismos cuentan con los elementos necesarios para determinar si existen pruebas que pudieran derivar en una sanción contra el Gobernador.
La emecista también advirtió que insistir en investigar nuevamente hechos que ya fueron analizados y sobre los cuales existen resoluciones del Ministerio Público podría vulnerar el principio jurídico de non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.
Pámanes señaló que esta situación incluso podría generar responsabilidades legales para los diputados que integran la Comisión Anticorrupción si el procedimiento continúa pese a las resoluciones de las fiscalías.
