El gobierno de Nuevo León justificó el embargo contra municipios metropolitanos y rurales al argumentar adeudos por más de $300 millones de pesos al Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).
A través de un comunicado, el Estado aseguró que remitió la cobranza a la Tesorería, pese a que los alcaldes afectados previamente informaron que no todos tenían contratos con el organismo público.
En el documento, la administración de Samuel García Sepúlveda se ampara en el artículo 5 de la legislación que rige a Simeprode, al exponer que los embargos tienen validez legal.
“... desde el año pasado se han realizado las gestiones de cobranza administrativa a los Municipios a quienes se les proporciona nuestro servicio, y que representan un adeudo importante a las finanzas de este Organismo, ya que su adeudo supera a más de 300 millones de pesos.
“En el procedimiento para el cobro, una figura contemplada en la legislación tributaria se encuentra el embargo, que tiene por objeto garantizar los créditos fiscales a cargo de cualquier deudor”, se lee en el comunicado.
El martes, los alcaldes afectados tramitaron un amparo contra el embargo, y este miércoles se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia para interponer una denuncia.