Organizaciones civiles exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la cancelación de concesiones de uso agrícola y pecuario que presuntamente están siendo mal utilizadas por un grupo de políticos y empresarios de Nuevo León que, señalaron, no son productores del campo.
Además, solicitaron que se investiguen y transparenten este tipo de concesiones en la entidad, con el fin de verificar si se respeta el propósito para el cual fueron otorgadas.
Lo anterior surge tras la revelación de INFO7, que documentó la existencia de personajes públicos que obtienen agua a muy bajo costo mediante concesiones agrícolas, cuyo consumo por metro cúbico no se cobra debido a que, en teoría, se destina a la producción de alimentos.
El activista José Múzquiz Zermeño, de la organización Piensa Verde Nuevo León, acudió a la delegación de Conagua para presentar un escrito en el que solicita la cancelación de estas concesiones y la investigación correspondiente.
Recordó que, desde el 4 de abril de 2022, en plena crisis hídrica, más de 20 organizaciones civiles —entre ellas Vertebra, Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Propuesta Ciudadana, Plan San Pedro— pidieron la revisión y eliminación de concesiones “injustificadas y sin razón de ser”.
Detalló que el 8 de abril de ese año, la Conagua informó que, de las 12,000 concesiones existentes en Nuevo León, 2,689 serían canceladas por carecer de justificación y 91 más por caducidad; sin embargo, no se precisó cuáles serían retiradas, pese a solicitudes formales.
Múzquiz acusó que algunos políticos han utilizado su posición para obtener estas concesiones y que, en varios casos, no se destinan al uso autorizado.
“Desde alcaldes hasta exgobernadores y empresarios han aprovechado sus influencias para obtener concesiones. Hay casos en los que el agua incluso se vende sin utilizarse para el fin original, lo cual no debe permitirse”, señaló.
El documento entregado a Conagua, dirigido al delegado Luis Carlos Alatorre Cejudo y al director nacional Efraín Morales, hace referencia a la investigación periodística publicada el 13 de abril de 2026.
Según ese reportaje, al menos 15 figuras públicas y empresariales —incluidos exgobernadores como Jaime Rodríguez Calderón, Benjamín Clariond y Sócrates Rizo; la diputada Olga Sánchez Cordero; y el alcalde Baltazar Martínez— concentran concesiones agrícolas o pecuarias por 8.8 millones de metros cúbicos anuales.
En estos casos, el costo es mínimo, ya que solo se paga una cuota aproximada de $6,738 pesos cada 10 años por título, sin importar el volumen utilizado.
La investigación también señala posibles desvíos del recurso hacia usos distintos a los autorizados, como fincas privadas, campos recreativos o venta mediante pipas.
Asimismo, empresarios como Marcelo Canales Clariond y Eugenio Santiago Clariond figuran entre los concesionarios con este tipo de permisos.
De acuerdo con el Registro Público de Derechos del Agua (Repda), alrededor de 15 personajes públicos concentran concesiones que suman 8.8 millones de metros cúbicos anuales.
El reportaje también evidenció que, mientras los usuarios domésticos pagan tarifas que se ajustan constantemente, algunos concesionarios agrícolas acceden a grandes volúmenes de agua a costos muy bajos.