A partir de este martes, el mercado de bienes raíces en Nuevo León experimenta un cambio radical con la entrada en vigor de la reforma al Código Civil que regula las preventas inmobiliarias.
Esta medida establece reglas estrictas para la comercialización de casas y departamentos que aún se encuentran en fase de proyecto o construcción.
La reforma, aprobada en diciembre por el Congreso Local y publicada en enero en el Periódico Oficial, eleva a rango legal la figura de "preventa".
La reforma integra formalmente la figura de 'preventa', definida como la oferta comercial de bienes inmuebles que, por encontrarse en fase de desarrollo o construcción, aún no cuentan con terminación de obra ni son susceptibles de escrituración inmediata.
Con esto, se busca proteger al patrimonio de los ciudadanos frente a desarrollos que carecen de sustento legal o físico.
Tras una serie de investigaciones sobre fraudes inmobiliarios que impulsaron esta regulación, El Horizonte informó que la reforma, aprobada el 17 de diciembre y publicada en el Periódico Oficial el pasado 16 de enero, recibió el aval del gobernador Samuel García, estableciendo así su entrada en vigor para este 17 de marzo.
Asimismo, la normativa estipula que los desarrolladores solo podrán ofertar preventas si cuentan con una licencia de construcción vigente. Además, se exige que la comercialización sea realizada exclusivamente por el titular de dicha licencia o por un representante legalmente acreditado.
La reforma obliga a formalizar cada operación mediante un contrato detallado que incluya información precisa del proyecto, las generales del comprador y del desarrollador, así como las especificaciones técnicas del inmueble y las condiciones financieras de la transacción.
Un punto clave de la nueva ley establece que cualquier anticipo o depósito entregado por el comprador validará automáticamente la preventa, generando obligaciones vinculantes para ambas partes. En este sentido, si el proyecto no se concreta o se incumplen los plazos de entrega, el desarrollador estará obligado a restituir el monto íntegro recibido, sumando un interés anual del 9%.
Finalmente, el nuevo marco legal contempla un esquema de sanciones severas para quienes omitan las condiciones pactadas o excedan los tiempos de entrega acordados en el contrato original.
'Ya no nos venderán ideas'
El impulsor de la iniciativa, el diputado panista Carlos de la Fuente (PAN), señaló que esta regulación es una respuesta directa al incremento de fraudes inmobiliarios en la entidad.
Esto es un gran avance en el Código Civil para regular las ofertas de compra, para que todo se mantenga como una preventa, que todo tenga un permiso municipal, que haya una tierra de por medio, que haya una fianza para que el desarrollador pueda respaldar todos sus gastos.
Con el firme objetivo de erradicar las ofertas inmobiliarias sin sustento, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, destacó que la nueva regulación para preventas representa un avance histórico en transparencia.
“Ya no nos van a vender aire, ya no nos van a vender ideas y con eso nos vamos a ver favorecidos”, dijo De la Fuente.
Es importante destacar que esta ley no es retroactiva, por lo que aplicará exclusivamente para los nuevos desarrollos inmobiliarios que inicien gestiones a partir de este martes.
Reglas claras para desarrolladores
Con los nuevos lineamientos, los constructores ya no podrán ofertar inmuebles de manera discrecional. Los puntos clave de la normativa incluyen:
- Licencias obligatorias: Solo se podrán ofrecer preventas si el proyecto cuenta con una licencia de construcción vigente. El vendedor debe ser el titular de dicha licencia o un representante legalmente acreditado.
- Contratos formales: Se obliga a la firma de documentos que detallen claramente la información del proyecto, los datos del comprador y desarrollador y las condiciones específicas de la operación.
- Garantía del anticipo: Si el comprador entrega un depósito, la preventa se considera formalmente aceptada. En caso de incumplimiento o cancelación del proyecto, el desarrollador está obligado a devolver el dinero con un 9% de interés anual.
- Sanciones: La ley contempla castigos severos para quienes no respeten los plazos de entrega o las condiciones pactadas.