Ante el aumento de denuncias penales por presunto fraude, el desarrollador inmobiliario José Lobatón, director de Proyectos 9, aseguró que permanece en la ciudad y que cumplirá con sus clientes.
“Yo estoy aquí, no he huido de la ciudad, y a todos les voy a cumplir”, afirmó en entrevista, en medio de un contexto de incertidumbre para inversionistas que llevan años esperando la entrega de sus departamentos.

Reestructura portafolio para enfocarse en cuatro proyectos
Lobatón adelantó que la empresa realizará una reestructuración de su portafolio, lo que implicará vender algunos desarrollos para concentrarse únicamente en cuatro.
Los proyectos que aseguró conservar son Lalo La Loma, ¡Lola! Torre Loma Larga, Sohl y Volga, mientras que otros como Verde Moca, Amarillo Moca, Azul Moca, Torre 411 y Bhriza P9 podrían ser vendidos.
En caso de concretarse estas ventas, los compromisos con compradores serían transferidos a las nuevas empresas que adquieran los desarrollos.

Confía en reactivar obras durante 2026
El empresario señaló que su prioridad actual es terminar las obras antes que venderlas, y afirmó que existen condiciones para reactivarlas durante este año.
Indicó que algunos proyectos podrían reiniciar construcción antes de que termine 2026, lo que permitiría avanzar hacia la entrega de departamentos a clientes que ya han aceptado acuerdos.
Según explicó, los bancos mantienen interés en financiar los proyectos, pero todo depende de la liberación de permisos por parte de los municipios de Monterrey y San Pedro.

Permisos y rediseño frenaron avances
Lobatón detalló que la pausa en las obras responde a ajustes en los proyectos, donde se eliminaron espacios de oficinas y hoteles para convertirlos en lofts, lo que obligó a tramitar nuevos permisos.
Aseguró que la aprobación de estas modificaciones permitirá destrabar líneas de crédito necesarias para reanudar la construcción.

Niega fraude y asegura respaldo de activos
El desarrollador rechazó que exista fraude, al argumentar que los recursos invertidos están reflejados en las construcciones existentes.
“No hay fraude, porque el dinero no se llevó a otro lado; ahí están los edificios”, sostuvo.
Agregó que, en caso de que algún proyecto pierda viabilidad, existe la opción de vender activos —como terrenos y estructuras— y con ello responder a los inversionistas, además de que las inversiones están protegidas mediante fideicomisos.

Denuncias y presión legal en aumento
El caso tomó fuerza pública el pasado 13 de abril, cuando decenas de afectados protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).
Actualmente suman al menos 56 denuncias por un monto superior a $105 millones de pesos, aunque estimaciones de afectados elevan el posible daño hasta entre $8,000 y $9,000 millones, con cerca de 600 personas afectadas.
Lobatón indicó que recientemente recibió ocho notificaciones de audiencias, pese a que las denuncias datan desde 2022.
Audiencias y defensa legal
La primera audiencia de imputación está programada para el 6 de mayo, donde se definirá el avance del proceso penal en su contra.
El empresario afirmó que se encuentra en sus oficinas de Trébol Park, en Valle Oriente, atendiendo personalmente a los clientes y abierto a llegar a acuerdos.
También criticó que algunos abogados estén cobrando hasta $100,000 pesos a los afectados, gasto que consideró innecesario.
Por su parte, un grupo de afectados sostuvo una reunión con el vicefiscal Luis Enrique Orozco, quien ofreció facilitar abogados de oficio para evitar que continúen gastando en defensa legal.
La vocera del colectivo, Liliana Leal, indicó que la autoridad pidió a más afectados presentar denuncias para fortalecer las investigaciones.
“Nos pidieron que denunciemos lo antes posible, porque entre más casos se integren, mejor avance tendrá el proceso”, señaló.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de Proyectos 9 se mantiene como uno de los conflictos inmobiliarios más relevantes en Nuevo León, marcado por la incertidumbre de cientos de inversionistas.
El futuro de los proyectos dependerá tanto de la reactivación de obras como de las resoluciones judiciales que comiencen a definirse en las próximas semanas.