Además de considerarlo un crimen de estado por la participación de agentes estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, mandó una recomendación al DIF tras el fallecimiento de Ángel en Fabriles.
"Esta recomendación tiene fundamento en nuestro marco jurídico nacional, pero también se sustenta en criterios de la Corte Interamericana y diversos instrumentos internacionales, e incluso se considera un crimen de estado", indicó Susana Méndez Arellano, directora de la CEDHNL.
Y se explicaron las contundentes razones.
“Uno, por la participación activa de dos agentes estatales, por ejemplo de la persona que lo golpeó, o por ejemplo la persona que trató de encubrir, por otra parte de acciones omisivas, por ejemplo de la doctoras que no atendieron debidamente a Angelito”, enfatizó José Antonio Garza, segundo visitador y encargado del proyecto de recomendación.
Aunque el organismo lo cataloga como crimen de estado, la Recomendación no va dirigida al gobernador Samuel García, debido a que se estaría violando el derecho al debido proceso, sin embargo, hay puntualizaciones al respecto, como presidente del DIF y se le puede hacer un reproche ético y de carácter moral.
“Estamos haciendo un respetuoso llamado al gobernador constitucional a que instruya a la encargada del DIF a que acepte la recomendación”, dijo la directora.
La recomendación, detalla que con la muerte del menor, se vulnera al menos 11 derechos, entre los que destacan el derecho a una vida libre de violencia, preservación de la integridad física, psicológica y emocional, acceso a la vida y trato humano.
“El caso de Ángel pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas infantes y adolescentes que carecen de un entorno familiar y estas personas se encuentran institucionalizadas en los centros de asistencia social público y privados”, expuso Méndez Arellano.
Asimismo, se detallan paso a paso los hechos que llevaron a Ángel a perder la vida el pasado 8 de febrero de 2022 que entre otros, fue un fuerte golpe en el estómago propinado por el encargado de la enfermería del albergue, y se destaca que los servicios médicos fueron solicitados 15 horas después de las agresiones al menor por la ausencia de un médico de guardia en el lugar.
Finalmente, además de solicitar cursos a los menores que habitan en estas instancias y prohibición de egresos indebidos, se asentó una disculpa pública, compensación económica para la hermana del menor y realizar memoriales.