La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría que no existe ningún tipo de irregularidad o ilegalidad en la reforma donde se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pase a manos de la Fiscalía General del Estado, aunque determinó que no podrá congelar cuentas.
SCJN valida reformas aprobadas en 2022
La sentencia valida las reformas realizadas en 2022 por la pasada legislatura, cuando el PRI y el PAN tenían mayoría en el Congreso del Estado. Dichas modificaciones fueron impugnadas en ese momento por el gobernador Samuel García. Sin embargo, se eliminó el último párrafo donde se especificaba que este órgano podía congelar cuentas.
"El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales.
“Ya que dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local".
Congreso local no puede congelar cuentas ni asegurar bienes
El ministro Arístedis Rodrigo Guerrero García indicó que el Congreso de Nuevo León no tiene facultades para establecer reglas sobre el aseguramiento de bienes o para congelar cuentas financieras, debido a que esas acciones forman parte del procedimiento penal, cuya legislación corresponde al Congreso de la Unión.
Creación de Fiscalía Especializada es legal
No obstante, se determinó que la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera del Estado de Nuevo León es legal, lo que deja sin fundamentos los señalamientos que indicaban que el Congreso local habría invalidado atribuciones del gobernador.
Investigación de delitos financieros no es exclusiva del Ejecutivo
La resolución también aclaró que la investigación de delitos como el lavado de dinero no es exclusiva del Poder Ejecutivo ni de la Tesorería, por lo que se validó que el Poder Legislativo creara esta Fiscalía de Delitos Financieros.
Asimismo, la sentencia establece que el proceso legislativo de 2022 se realizó de manera correcta y no existían motivos legales para anular la ley, independientemente de la forma en que se llevaron a cabo las sesiones o de que no se hubiera establecido un presupuesto específico para esta fiscalía.
