Los abogados José Ulises Treviño García y Ericka Berenice Anguiano Rodríguez anunciaron su salida de la defensa de Astrid “N”, quien fue vinculada a proceso por su presunta participación en la operación de la cuenta de redes sociales “Tía Paty”, utilizada para extorsionar a personas.
De acuerdo con Treviño García, la decisión de dejar el caso se debió a que la familia de la acusada no cumplió con los pagos correspondientes, tanto para la defensa legal como para la contratación de peritos especializados que, aseguró, eran clave antes de la audiencia de vinculación.
La vinculación a proceso de Astrid “N” ocurrió el viernes pasado, luego de que no se solicitara la ampliación del término constitucional de 144 horas, a diferencia de otro implicado en la misma investigación. En contraste, César “N” permaneció bajo la medida cautelar de prisión preventiva, pero finalmente el martes 31 de marzo fue vinculado a proceso.
“Hubo una vinculación el día viernes pasado por parte de Astrid ya que no se solicitó la ampliación del término Constitucional de 144 horas como lo hizo otra persona como lo hizo otra persona que venía con ella en el paquete, ahora sí de todo lo que se está investigando”, declaró Treviño García.
El abogado explicó que había sido contratado por la familia de Astrid “N” desde dos meses antes de su detención, registrada el pasado 26 de marzo, cuando fue aprehendida junto con César “N”. Previamente, el domicilio de la mujer, de 33 años, había sido cateado por la Fiscalía del Estado, en una diligencia donde, según dijo, inicialmente solo se le mencionó un posible delito de encubrimiento.
Tras la detención, la familia volvió a contratar a Treviño García junto con la abogada Anguiano Rodríguez; sin embargo, la falta de recursos impidió avanzar en aspectos clave de la defensa.
“Es la falta de medios, de recursos para poder llevar la contratación de peritos expertos de manera particular y no arriesgar los datos que nosotros teníamos para efectos de que no fueran alterados, no porque desconfiamos de Fiscalía sino porque en todos los lugares puede existir un riesgo de que se altere por las condiciones del tiempos, que no sean resguardadas conforme a lo que se debiese, discos duros, etcétera para evidenciar lo que nosotros pretendíamos”, explicó.
El abogado también señaló que el equipo legal no contó con el tiempo suficiente para desarrollar investigaciones propias que permitieran equilibrar el proceso frente a la Fiscalía.
“No se hizo específicamente porque faltó de tiempo de la defensa para poder estar en igualdad de armas relacionado en la investigación sobre la cual querían que nosotros identificamos, lleváramos e hiciéramos técnicas de investigación en un día cuando a ellos les llevaron meses para poderlo realizar. La orden que se ejecutó fue muy precipitada y ampliación del término efectivamente fue porque no se contaba con los medios para poder llevar a cabo la contratación de peritos expertos y combatir las investigaciones que hizo fiscalía”, indicó.
“Implica bastante responsabilidad por parte de las autoridades y legisladores porque nos encontramos con una laguna porque cada persona que es aprendida y no le dan su derecho para la parte de la investigación primaria que es ante el Ministerio Público previo a ser vinculado si no se les da ese derecho de igualdad de armas pues obviamente van a llegar siempre a un vinculación, es como llegar a una jaula directo”, añadió.
Según el abogado, la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado se remonta a 2025, e incluso, aseguró, ya existe una persona sentenciada dentro del mismo caso.
Finalmente, subrayó que, pese a su salida, no revelarán detalles sensibles del proceso.