Surge nuevo acusado en EUA en caso de robo de combustible a Pemex

Autoridades federales estadunidenses acusaron al presidente de una pequeña compañía distribuidora de combustibles en San Antonio, Texas, de haber adquirido derivados de petróleo que sabía fueron robados en México a la paraestatal Pemex

Tim Brinks, presidente y director general de Continental Fuels, pasó a ser el quinto acusado en el robo de productos derivados del crudo por millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), caso que investigan las autoridades de México y Estados Unidos.Documentos interpuestos ante una corte federal en Houston, Texas, muestran que la acusación contra Brinks fue presentada en enero pasado, pero abierta para conocimiento público hasta esta semana.De acuerdo con la acusación, Continental Fuels recibió al menos 26 camiones pipas de combustibles robados entre el 26 de enero de 2009 y el 3 de marzo de 2009, en una operación realizada en Brownsville, Texas.La compañía envío luego parte de ese combustible en una barcaza a Houston, para su venta a otras compañías petroleras más grandes.Las autoridades federales estiman que Continental Fuels obtuvo unos 200 mil dólares en utilidades por la venta de estos derivados.Los documentos muestran que Brinks deberá acudir el próximo 14 de mayo a una audiencia judicial en Houston, donde se espera emita su declaración de culpabilidad.Continental Fuels es una de varias pequeñas compañías distribuidoras involucradas en el caso que aún está en proceso de investigación.La indagación inició en 2007 luego de que autoridades mexicanas notificaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que parte del petróleo robado era conducido a Texas.Las autoridades mexicanas aportaron a sus contrapartes estadunidenses una serie de nombres de personas y compañías sospechosas de revender el combustible robado.Otros cuatro representantes de otras tres compañías distribuidoras de combustible en Texas ya fueron acusados y esperan sus sentencias tras haberse declarado culpables.En octubre pasado, Stephen Pechenik, presidente de la compañía Valley Fuels Ltd, con sede también en San Antonio, aceptó su responsabilidad de recibir y coordinar el movimiento de productos de petróleo robados.También en octubre, Jonathan Dappen, reconoció su papel como agente intermediario entre compañías mexicanas y estadunidenses para el traslado del combustible robado.Antes, en septiembre, Arnoldo Maldonado, presidente de la compañía "Y Oil and Gas" con sede en Edinburg, Texas, se había declarado culpable del participar en mismo ilícito.En mayo de 2009, Donald Schroeder, ex presidente de la compañía Trammo Petroleum, fue el primero en ser acusado y declararse culpable de comprar en forma consciente condensado de petróleo robado para su reventa.Schroeder acordó luego pagar una multa de dos millones de dólares.La involucrados en el caso, incluido Brinks, enfrentan una sentencia de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.Según las autoridades estadunidenses, las compañías importadoras recibían y coordinaban el movimiento de camiones tanque cargados con petróleo robado desde México hacia Estados Unidos, a través de uno de los cruces internacionales de la frontera sur texana.Luego, las compañías dirigían los camiones para su descarga a lugares ubicados en el Puerto de Brownsville, para recibir después su pago a través de giros a varias cuentas bancarias, en una confabulación que acumuló la venta de millones de dólares en petróleo robado.La investigación, encabezada en Estados Unidos por la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) en coordinación con México, siguió el rastro a partir de quienes recibían el petróleo robado, para dar con algunos intermediarios, que a su vez comercializaban el combustible a varias compañías estadunidenses.Como parte de la indagación vigente, las autoridades estadunidenses han solicitado legalmente la entrega de archivos de varias compañías petroleras más grandes como la estadunidense Murphy Energy y la alemana BASF.En agosto de 2009, las autoridades estadunidenses entregaron al gobierno de México un cheque por 2.4 millones de dólares, recursos obtenidos de la multa a Shroeder y de otros bienes de las compañías que lucraron con el petróleo sustraído a Pemex.


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