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Ordenan prisión preventiva para autoridades del Penal del Topo Chico

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La Procuraduría de Justicia en el estado logró este jueves que el Juez de Control Miguel Ángel Eufrasio, vinculara a proceso a Gregoria Salazar Robles y a Jesús Fernando Domínguez Jaramillo por el homicidio calificado por omisión de 49 personas al interior del penal del Topo Chico.

Durante la audiencia de vinculación, el magistrado consideró que el Ministerio Público aportó suficientes pruebas para determinar que los detenidos son probables responsables de los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, por lo que ahora la fiscalía tiene cuatro meses para cerrar la investigación.

Dicha audiencia inició a las 9:00 hora hasta las 18:05, en la que la fiscalía y la defensa presentaron pruebas, tanto de cargo como inocencia.
En el proceso el juez valoró las declaraciones de 12 reos y 23 celadores, quienes comparecieron como testigos de los hechos.

Parte de las imputaciones que realiza la Procuraduría son que ambos funcionarios tenían conocimiento de la inseguridad que imperaba en el reclusorio, y que permitían el acceso de armas, drogas, aparatos electrónicos y que existían grupos de reclusos que se disputaban el control del reclusorio.

En la audiencia la defensa de los imputados sostuvo el argumento de que no podían ser considerados responsables, porque no se encontraban en el lugar al momento de los hechos violentos del pasado de la semana pasada.

La fiscalía presentó pruebas con las que asegura que las celdas se encontraban sin candado y que los reos podían andar libre de día y de noche, este hecho precisaron, permitió que se diera la riña en la que resultaron muertas 49 personas y 12 lesionados.

Tanto Salazar Robles como Domínguez Jaramillo indicaron que no pueden ser responsables de los hechos ya que desde 2013 habían reportado la situación que imperaba en el Centro de Readaptación Social, y que incluso la información se le entregó a las autoridades actuales.

En la noche del miércoles 10 de febrero y la madrugada del jueves 11, se registró un motín en el Penal del Topo Chico, el cual dejó un saldo de 49 personas sin vida y 12 lesionados.

El enfrentamiento se dio entre los grupos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, apodado el “El Credo” y Juan Pedro Saldívar Farías, alías “El Z-27”.

Además de estos dos funcionarios, la Procuraduría imputó cargos contra Arturo Bernal González, subdirector de Seguridad del penal y José Reyes Hernández Aguilar, celador.

La fiscalía busca la pena máxima para estos cuatro funcionarios, quienes pueden hacerse acreedores a una pena de 1,200 años de prisión.

Tanto Bernal González y Hernández Aguilar fueron recluidos al Cereso del Topo Chico, pero en un área apartada de los demás reclusos.

Salazar Robles y Domínguez Jaramillo fueron recluidos en otro centro penitenciario, del cual las autoridades no proporcionaron información, por cuestiones de seguridad de dichas personas.

Roberto Flores Treviño, titular de la Procuraduría de Justicia, precisó, en rueda de prensa que no se descartan presentar cargos contra más personas, tanto funcionarios públicos, como internos por los homicidios de 49 reclusos.

“No puedo mencionar el número (reclusos que participaron en los hechos violentos), porque forman parte de una carpeta de investigación, estamos dentro de un nuevo sistema de justicia penal y tenemos que guardar las formas legales”, puntualizó Flores Treviño.
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