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Gobierno de NL pondría en libertad a 248 reos

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El secretario General de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, señaló que analizan la forma de despresurizar los tres centros penitenciarios en la entidad, de reos de delitos menores por medio de permutar las penas con trabajo comunitario, así como el de conseguir que asociaciones los apoyen con el pago de sus fianzas.

Mencionó que en los tres Centros de Readaptación Social (Ceresos) en el estado, hay 248 reclusos que no cuentan con recursos económicos y no pueden pagar una fianza o no pueden reparar el daño para obtener su libertad bajo palabra.

Recalcó que entre esos 248 reos suman un gasto al año de $64 millones de pesos, mientras que los recursos para poder ayudarlos a obtener su libertad asciende a $13 millones de pesos.

“Hay 248 reos que con un apoyó de $13 millones de pesos, repartido entre todos ellos pueden salir en libertad, entre reparaciones de daño, pago de fianzas o atención determinada que tiene que ver con psicólogos.

“Lo que ellos requieren es ese apoyo económico para poder salir, entre todos, la suma que se requeriría para obtener su libertad condicionada, todos ellos han purgado el 60% de sus penas, ya están en la posibilidad (de salir)… Hay que buscar a alguien que nos pueda ayudar con todo esto y eso significaría despresurizar más los penales del estado”, enfatizó.

Es de precisar que en los tres Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Nuevo León hay una población de 8,120 reos, de los cuales 1,600 son federales. Además el mandatario estatal señaló que actualmente hay un déficit del 40% en custodios.

Ante esta situación y luego de que se registro una riña al interior del penal del Topo Chico que dejo un saldo de 49 personas muertas y 12 heridos, las autoridades federales y estatales se dieron a la tarea de mudar 292 reos de alta peligrosidad.

Durante la semana pasada el mandatario estatal Jaime Rodríguez Calderón indicó que ya analizan diversas acciones para despresurizar los Ceresos del estado, las cuales van desde la terminación del nuevo penal de Mina con una capacidad de 3,000 internos.

Así como el enviar al Congreso una iniciativa de reforma, al Código Penal del estado, para permitir la permutación de penas por trabajo comunitario a personas que cometan delitos menores.
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