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Gestionan inversionistas mexicanos defraudados demanda a Stanford

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Los mexicanos David Quintos y Diana Dimitiova interpusieron ante el juez estadunidense David Godbey, de la corte federal del Distrito Norte de Dallas, una “moción de licencia para proceder en otro foro”, a fin de tratar de recuperar sus inversiones bajo las leyes mexicanas.

Quintos y Dimitiova son dos de cientos de inversionistas afectados que no pueden retirar sus ahorros, luego que la semana pasada, un juez ordenó intervenir las compañías financieras de Stanford y congelar todos sus bienes.

El juez designó al abogado Ralph Janvey, de Dallas, como interventor de las compañías y de los bienes de Stanford.

La intervención del juez se dio luego de que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos acusó a Stanford de haber orquestado un fraude a inversionistas, mediante certificados de depósito por unos ocho mil millones de dólares.

Quintos y Dimitiova dijeron que invirtieron en certificados de depósito emitidos por el Stanford International Bank (SIB) en San Antonio, y argumentaron que cuentan con derechos bajo las leyes mexicanas, además de sus reclamos bajo las leyes de Estados Unidos.

Como ciudadanos y residentes de México, los inversionistas argumentaron poseer derechos y reclamos legales bajo las leyes mexicanas, las cuales les ofrecen un “alivio” no disponible en las leyes estadunidenses.

El representante legal de los mexicanos, Randy Pulman, argumentó en la moción que el Código Federal de Procedimientos Civiles en México autoriza a los demandantes a reclamar “daños morales” y a recuperar costos y pagos de abogados.

Pulman, fundador y socio de la firma de abogados Pulman, Cappucio, Pulman & Benson LLC, de San Antonio, dijo que en este caso “el gobierno estadunidense no representa adecuadamente” los intereses de quienes no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene presumiblemente un interés en defender efectivamente los derechos de los ciudadanos estadunidenses que invirtieron en certificados de depósitos emitidos por el SIB”, dijeron.

Sin embargo, apuntaron, “está más allá de su área de obligación el representar y perseguir los intereses de nacionales extranjeros”.

En consecuencia, “es difícil ver como un fiscal del gobierno de Estados Unidos, puede simultáneamente representar los intereses de ciudadanos estadunidenses y de nacionales extranjeros en este caso”, escribió Pulman.

Señaló además que “ante el punto de que existe una limitada cantidad de bienes de donde se pagarán las recuperaciones”, el receptor (Janvey) pudiera escoger pagar a inversionistas estadunidenses primero que a nacionales extranjeros”.

“Cada dólar de la recuperación asignado a inversionistas extranjeros, es un dólar no disponible para ser pagado a los inversionistas estadunidenses”, apuntó Pulman en la moción.

Quintos y Dimitiova señalaron al juez que en caso de que la Corte les niegue la autorización para proceder “en otro foro”, se reservan el derecho de solicitar el intervenir en el actual proceso bajo las leyes estadunidenses.
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