Cesan en cuatro meses a casi 500 policías de NL

Al menos unos 20 de estos ex efectivos municipales enfrentan procesos penales diversos ante la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León, de noviembre de 2009 a febrero de 2010. El municipio de Escobedo, gobernado por la priista Clara Luz Flores Carrales, reporta un total de 142 uniformados cesados. La alcaldesa señaló que "las bajas han sido a consecuencia de diferentes razones, algunos han renunciado, otros por antidoping o por no pasar exámenes de confianza". "El compromiso es todos los días y a la vez buscarse mejores condiciones, tenemos una línea telefónica de denuncia para darle seguimiento e identificar actos de corrupción o duda del trabajo policial", apuntó la edil escobedense. En San Nicolás de los Garza, el munícipe panista Carlos de la Fuente Flores dio de baja hace unas semanas a 117 elementos por pérdida de confianza. La semana anterior, otros dos elementos fueron cesados, al implicárseles en el secuestro y muerte de un comerciante del mismo municipio nicolaíta. En Monterrey, durante la actual administración, el alcalde Fernando Larrazabal Bretón ha separado de sus cargos a 49 efectivos por pérdida de confianza. Al respecto, manifestó que la depuración es permanente y ante cualquier indicio fidedigno de corrupción o ilícitos de policías, "con esa información me bastaría para retirarlos de la corporación e incluso interponer la denuncia penal correspondiente". "Vamos a mantener la depuración de manera permanente, por un lado 49 elementos han perdido su cargo dentro de la policía regia, derivado de denuncias ciudadanas", señaló. Aunado a la depuración, añadió el munícipe, se elaboran y analizan expedientes de cada uno de los 700 policías regiomontanos en activo, para continuar con la "limpia" en las próximas semanas. En el municipio de Guadalupe, la alcaldesa priista Ivonne Álvarez García indicó que 60 policías municipales y agentes de tránsito ya están fuera de la administración por pérdida de confianza o reprobar los exámenes antidoping. Mientras que en Santa Catarina, gobernado por el panista Gabriel Navarro Rodríguez, ha dado de baja 37 elementos por diferentes motivos, aunque "a ninguno hemos llevado a los tribunales; 18 han dado muestras de deshonestidad, sin llegar a ser un delito". A su vez, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz anunció el pasado 21 de marzo el cese de 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE), tras una semana donde fue cuestionada su labor ante operativos realizados en la entidad por el Ejército y la Secretaría de Marina-Armada de México. Manifestó que tomó la decisión de cesar de inmediato a estos 81 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, "de los cuales muchos están siendo investigados por la Procuraduría General de Justicia". "Prefiero menos elementos confiables que muchos de los cuales dudemos de su honorabilidad, respeto al uniforme y defensa de los intereses de la ciudadanía", expresó, sin abundar sobre el asunto. Asimismo, insistió en la necesidad de que la ciudadanía mantenga su respaldo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dentro de la lucha contra la delincuencia organizada.

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