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Buscan diputados del PRI actualizar Ley Orgánica del Poder Judicial

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El coordinador de los diputados locales del PRI, Álvaro Ibarra, presentó iniciativa con proyecto de decreto para modificar y armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial

Por: Redacción

Con el fin de brindar seguridad jurídica en el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el coordinador de los diputados locales del PRI, Álvaro Ibarra, presentó iniciativa con proyecto de decreto para modificar y armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En entrevista, el también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso local detalló que se busca modificar el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado para clarificar que los Magistrados son propuestos por el Poder Judicial y designados por el Congreso.

Además advirtió que, pese a que ya se cumple con este procedimiento, actualmente la Ley Orgánica no ha sido actualizada, ya que aún establece que los Magistrados serán propuestos por el Gobernador del Estado.

“Cabe mencionar que en la Constitución local ya se reformó dicho proceso para alinearlo a las exigencias ciudadanas que, desde los Diálogos por la Justicia Cotidiana del año 2016, especialistas exigían procesos de selección a través de exámenes realizados por el Consejo de la Judicatura, y no a discreción del Gobernador, para fortalecer el Poder Judicial”, explicó el Coordinador priísta.

Ibarra refirió que, actualmente, los aspirantes a Magistrados son propuestos por el Poder Judicial del Estado y designados por el Congreso del Estado, mediante un proceso que se describe en el artículo 99 de la máxima norma local.

“Sin embargo, el artículo 127 del Ley Orgánica del Poder Judicial sigue mencionando que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo en turno, por lo que es necesario armonizar la ley”, agregó.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para el análisis correspondiente y armonizar la referida ley respecto a las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2017.

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