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Amenaza reforma a agentes aduanales

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Los más de 800 agentes aduanales del país podrían ser condenados a la extinción si el Congreso aprueba la reforma fiscal propuesta por el gobierno federal.

En aras de la automatización y la simplificación, el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto pone en la mira a este tipo de profesionales, cuyo papel es clave en las operaciones de comercio exterior que llevan a cabo, principalmente, las empresas privadas.

En las reformas propuestas a la Ley Aduanera, el gobierno plantea que los particulares puedan llevar a cabo en forma directa todas las actividades aduanales que requieren para la importación o exportación de sus mercancías.

Aunque las modificaciones al artículo 40 de la Ley Aduanera dicen que el objetivo es mantener la coordinación entre los agentes y las autoridades aduaneras del país, también busca que los primeros se “abran a la competencia”.

Esto, dice la propuesta, aportará valores tangibles a los servicios de logística y al comercio exterior.

“Si bien hay cambios positivos, lo cierto es que hay otros que sólo generan dudas, indefiniciones y poca claridad; sólo dice los “qué`, pero no los “cómo`”, expresó Luis Guillermo Silva Gutiérrez, presidente de la Comisión Latinoamericana de Agentes Aduanales.

La propuesta presidencial implica además riesgos para los dueños de empresas, que al operar con sus propios agentes aduanales, se convertirán en “obligados solidarios”. De esta manera, cualquier operación irregular o ilícita, así sea por errores de procedimiento, recaerá legalmente sobre ellos.

Desde los gerentes hasta los accionistas de una empresa serían responsables de las probables faltas que se cometan en la movilización de las mercancías, alertó José Alberto López Hernández, especialista en aduanas y comercio exterior del despacho Globalización sin fronteras.

Otro agente aduanal miembro de la CAAAREM, aseguró que la reforma genera lagunas respecto a cómo se controlará el comercio exterior del país.

Los agentes aduanales, dijo, son supervisados estrechamente por la Secretaría de Hacienda y con la nueva ley, el gobierno perderá el control, lo que puede prestarse a “monopolios, corruptelas y arreglos con la autoridad”.
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