La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gerardo “N” y Jaqueline “N”, señalados por su presunta participación en diversos delitos federales, entre ellos acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las autoridades, Gerardo “N” es considerado un objetivo prioritario y uno de los presuntos generadores de violencia en el estado de Chihuahua.
La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Chih, obtuvo vinculación a proceso contra Gerardo “N”, considerado como objetivo prioritario y generador de violencia en el estado, así como Jaqueline "N", por su posible participación en delitos de acopio de armas de fuego, posesión de… pic.twitter.com/SO7cdtMtO2
— FGR México (@FGRMexico) August 5, 2026
Cateo permitió su captura
La detención de ambos derivó de un cateo realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez.
La diligencia fue autorizada por un juez de control con base en los datos de prueba obtenidos durante las investigaciones realizadas por las autoridades.
Durante el operativo, los agentes localizaron y aseguraron cocaína, ocho armas de fuego cortas con sus respectivos cargadores abastecidos, cartuchos, cargadores adicionales, una báscula gramera y dinero en efectivo.
Los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial como parte de la carpeta de investigación que se sigue en contra de los imputados.
Prisión preventiva y plazo para la investigación
Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de control determinó vincular a proceso a Gerardo “N” y Jaqueline “N”.
Asimismo, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirán en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) número 3 y número 2 Femenil de Ciudad Juárez, respectivamente.
El juzgador también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con las diligencias correspondientes para el desarrollo del caso.
