Luego de 35 horas de audiencia, autoridades vincularon a proceso este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a siete personas más, por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal.
La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega procesó a estas personas acusadas de delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Recordemos que su detención se registró el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. Ante esto, el exgobernador promovió un juicio de amparo para impugnar la orden de aprehensión librada en su contra.
El resto de las personas acusadas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad, por actividades relacionadas con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Ernesto Ruffo promovió amparo por maltrato antes y durante su detención por huachicol
A través de su defensa, el exmandatario estatal argumentó que durante su detención, traslado y reclusión se vulneraron sus derechos, al señalar que existió falta de comunicación y de atención médica.
Ante ello, un juez federal admitió a trámite el recurso y concedió una suspensión de oficio con el propósito de garantizar su integridad física y evitar actos que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales mientras se resuelve el juicio de amparo.
No obstante, dicha medida cautelar no implica la cancelación de la investigación ni del proceso penal en su contra, sino que tiene como objetivo revisar la legalidad de la orden de captura y asegurar que se respeten sus derechos procesales durante el desarrollo del caso.
La investigación de la Fiscalía General de la República también involucra a la empresa Ingemar, de la cual Ernesto "N" ha reconocido ser accionista minoritario. De acuerdo con las autoridades, el caso forma parte de las indagatorias sobre una presunta red dedicada al denominado huachicol fiscal, relacionada con el contrabando de combustibles y operaciones de delincuencia organizada.
Por estos hechos, quedará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano".
