Víctima de anticoncepción forzada espera disculpa pública

La mexicana Angélica Juárez, víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada, espera desde hace tres años la reparación del daño y una disculpa pública por parte de un hospital de Ciudad de México, con lo que busca un precedente para las mujeres en el país y que estos casos dejen de ocurrir.

La mujer, habitante de uno de los 15 pueblos originarios de Iztapalapa, demarcación del oriente de la capital mexicana, detalla que durante y tras su embarazo vivió varias formas de violencia obstétrica, principalmente por su condición de pobreza, aunado a su origen indígena.

Angélica relata que el 11 de agosto de 2020, cuando cumplía 38 semanas de gestación, acudió a consulta al Hospital Comunitario Emiliano Zapata de la Secretaría de Salud (Sedesa) de Ciudad de México pero, como tenía preeclampsia presión alta la hospitalizaron de urgencia para una cesárea.

Desde ese momento, explica, el personal de la dependencia le preguntó qué método anticonceptivo utilizaría tras el parto, a lo que ella contestó que no deseaba ninguno, por lo que le dieron un documento para firmar que se responsabilizaba de su decisión.

Pese a ello, acusa, el personal médico le colocó un método anticonceptivo sin respetar su deseo.

Juárez reconoce que no se percató de lo sucedido hasta días después, cuando sufrió punzadas en el útero y hemorragias, por lo que fue al centro de salud donde le informaron que en su hoja de alta decía que portaba un implante anticonceptivo.

La noticia le sorprendió y pidió a la doctora que buscara el implante, pero no encontró nada hasta que tuvo un examen con rayos X.“Me asusté, dije: ¿Tengo un implante? ¿Tengo un DIU? ¿Tengo ambos? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi cuerpo? ¿Qué me hicieron? ¿Nada más eso? ¿Pusieron algo más y por qué lo hicieron? O sea, me hicieron sentir invalidada, abusada y como invadida”, rememora.

VIOLENCIA COMÚN

La violencia obstétrica es común en México y, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), comprende "toda acción u omisión por parte de personal de salud público o privado hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto o puerperio.

"De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica y las Relaciones en los Hogares 2021, en los últimos 5 años el 33,4 % de las mexicanas de 15 a 49 años que tuvieron un bebé sufrió algún maltrato de quienes las atendieron en el parto.

Angélica recuerda que al regresar a casa decidió demandar al hospital por violencia obstétrica porque, además, durante su estancia no pudo alimentar a su bebé porque no tuvo leche y el personal no quiso darle fórmula láctea.

UNA DISCULPA QUE NO LLEGA

Angélica consiguió un amparo en 2021 en el que por primera vez “se reconoce jurídicamente que existe la anticoncepción forzada, que es una violación a los derechos humanos y que por tanto tiene que haber una reparación integral del daño”, apunta.

El juez ordenó a la Comisión de Atención a Víctimas un plan de reparación del daño que incluía cuatro medidas: el resarcimiento económico, un plan de capacitación para el personal del hospital, tratamiento psicológico, y una disculpa pública que ella debe aprobar, y que debía darse antes del 30 de abril.

Asegura que las autoridades buscan que desista de la disculpa, pero no lo hará por la importancia del precedente.

“Es lo que quiero. Que sepan las mujeres a partir de hoy que si les pasa pueden demandar, pueden alzar la voz como lo estoy haciendo yo. No es fácil, es revictimizante", dice.

"Pero quiero pensar que si a una mujer en esta ciudad ya no le pasa, gracias a esto, ya con eso me doy por bien servida”, concluye. EFE