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Validan intervención de Senado en disputas entre poderes de estados

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No obstante, el alto tribunal se reservó la revisión constitucional de esa intervención para verificar que no haya desbordamientos en esa actuación.

Por mayoría que no alcanzó la votación calificada para hacerla obligatoria, el pleno de la SCJN concluyó el estudio y análisis de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Ley Reglamentaria de la fracción VI del Artículo 76 de la Constitución.

En esa ley reglamentaria se otorgan facultades a la cámara alta para intervenir en la solución de conflictos políticos surgidos entre poderes de un mismo Estado, disposición que a la PGR le pareció inconstitucional pues el Artículo 105 de la Constitución le otorga esa facultad en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su primer abordamiento del tema, en 2011, el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero le daba básicamente la razón a la PGR.

Empero, al no lograrse un consenso, el asunto fue retornado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien propuso desestimar la acción de la procuraduría y declarar la regularidad constitucional de la ley.

Para su debate y aprobación se abordó por separado cada uno de los considerandos del proyecto que le dan sustento a los puntos resolutivos, con el fin de logar el mayor consenso posible en cada uno de ellos.

En ninguno hubo unanimidad y los votos favorables variaron de cinco a ocho, además de los votos concurrentes que se anunciaron cuyo sentido se podrá sopesar hasta que se tenga el engrose.

Así básicamente se resolvió que el Senado sí se encuentra facultado de manera expresa por la propia Constitución para expedir la ley que impugnaba la procuraduría.

También los ministros establecieron que no es necesario definir lo que debe entenderse como “cuestión política” para fundamentar la intervención del Senado, ya que finalmente la propia SCJN, en caso de ser necesario, dilucidaría la cuestión.

Se estableció que no es inconstitucional la intervención oficiosa de la cámara alta en aquellos casos en los que un poder emplee la fuerza pública contra otro, cuando haya hechos de violencia o se presenten riesgos de que ello suceda, supuestos que pueden ser denunciados por un particular sin que se convierta en parte de la controversia.

Respecto al procedimiento para activar estos mecanismos, el pleno de la corte determinó que es constitucional el recurso de revisión ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

Esto, especificó, puede interponerse en caso de que alguna de la partes considere que la actuación de la Comisión Instructora del Procedimiento o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular.

Y es que la Comisión Instructora del Procedimiento podrá solicitar al Poder Ejecutivo el uso de la fuerza para enfrentar una situación de emergencia, ya que la fuerza pública no depende del Senado sino del Poder Ejecutivo.

Aunque en la ley declarada válida y constitucional se señala que las resoluciones del Senado son definitivas, la Corte interpretó que estas características se refieren al procedimiento administrativo, mismo que se lleva ante el Senado, pero la SCJN tiene siempre la facultad de revisar la regularidad constitucional de ese procedimiento.
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