Urge Juan Silva Meza aprobar Nueva Ley de Amparo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró hoy una sesión solemne con motivo del inicio de la Décima Epoca del alto tribunal, por la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de amparo
El presidente del máximo tribunal del país, Juan Silva Meza subrayó que a partir de este día, el Poder Judicial de la Federación tendrá que ajustar su trabajo a los requerimientos de la nueva realidad, que instaura "lo que ahora deberá conocerse como el juicio de derechos más que como el juicio de garantías". Por ello, exhortó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a "concluir con urgencia el proceso legislativo que habrá de dotar a la reforma de su necesaria legislación secundaria", y agregó que se necesita de la nueva Ley de Amparo, para que el nuevo régimen produzca la mayor certeza posible, subrayó. En tanto, dijo que nadie debe dudar que "la reforma constitucional en materia de amparo, es bien recibida y será debidamente implementada por el Poder Judicial de la Federación", pues por parte de los juzgadores federales se hará valer la ampliación de los derechos de los mexicanos. En la sesión solemne que se acordó desde el 29 de agosto pasado para dar inicio a la Décima Epoca de la Corte, en concordancia con la entrada en vigor de las reformas constitucionales, Silva Meza subrayó que la protección de garantías ha cambiado de raíz. El nuevo amparo se funda en reglas que hasta el día de hoy habían permanecido inalteradas, resaltó, al tiempo que enfatizó que el nuevo amparo se podrá aplicar no sólo contra actos de autoridad, sino también para omisiones, y los efectos podrán ser generales, es decir, que se aplicarán para todos los casos. El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo ante el pleno, que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, "representan la renovación más intensa de las labores jurisdiccionales que el país haya atestiguado en su historia moderna". Añadió que el inicio de la Décima Epoca es más que un acto administrativo, sino "el primer paso concreto en la aplicación del cambio constitucional, que desde una perspectiva jurisdiccional es ambicioso y de amplio espectro", que significa un cambio en la perspectiva de impartir justicia.
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