El Gobierno Federal ha intensificado las acciones de control y supervisión en el sector energético para frenar el llamado “huachicol fiscal”, práctica que consiste en la venta de combustibles de procedencia dudosa o sin acreditación de origen, informó Alicia Zazueta Padián, integrante del Comité Latinoamérica del Petroleum Equipment Institute (PEI).
La especialista explicó que las nuevas medidas buscan garantizar la trazabilidad total del combustible, desde su importación hasta su venta en estaciones de servicio, mediante controles volumétricos reforzados, verificación de permisos ambientales y la implementación de códigos QR en pipas para transparentar la transportación de hidrocarburos.
“Antes, los controles volumétricos eran una obligación electrónica, pero ahora se integran sistemas de medición que cruzan información con la Secretaría de Energía y otras dependencias federales”, detalló.
De acuerdo con la funcionaria, actualmente las gasolineras deben resguardar y reportar diariamente al gobierno federal la cantidad de combustible que compran, venden y transportan, con el fin de detectar irregularidades o desvíos.
El endurecimiento de la vigilancia ha derivado en la clausura de entre 145 y 150 estaciones de servicio en el país, de las cuales, cinco corresponden a Tamaulipas.
Las principales causas de cierre son la falta de manifestación de impacto ambiental vigente y la no acreditación de la trazabilidad del producto.
Además, las aduanas han sido reforzadas con personal capacitado y laboratorios de ensayo de PEMEX, encargados de analizar la calidad de los combustibles que ingresan al país por vía marítima, terrestre o ferroviaria.
Andrés Gutiérrez, director del Centro de Investigación de Estructuras Fósiles y Soluciones Ambientales (Ciefsa), señaló que más del 30% de los combustibles comercializados en México presentan algún tipo de mezcla o adulteración, lo que impacta en el rendimiento vehicular y en la calidad del aire.
“Estamos detectando productos adulterados con solventes y alcoholes, que no solo dañan los motores sino que también generan ozono y contaminantes cuando se volatilizan”, explicó.
El reforzamiento de las inspecciones en aduanas de puertos como Tampico y Altamira, así como el cruce de información entre la CRE, ASEA, SENER y PROFECO, forma parte de una estrategia nacional orientada a cerrar los espacios al contrabando y la evasión fiscal en la comercialización de petrolíferos.
Zazueta Padián subrayó que estas acciones apuntan a “limpiar la cadena de suministro de combustibles” y fortalecer la transparencia del sector, un paso clave en la lucha contra el huachicol fiscal y la contaminación ambiental.