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Presentan en Coahuila reformas legislativas sobre seguridad

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Se mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Estado será el órgano de la administración pública, en el que se integra el Ministerio Público y estará encargada de proteger los intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución de los delitos.

El procurador general de Justicia presidirá al Ministerio Público y será el titular de la dependencia por seis años, puesto al que fue invitada Griselda Elizalde Castellanos, quien actualmente se desempeña como fiscal especializada de Control de Procesos y Legalidad de la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la reforma integral a la Ley de Procuración de Justicia, ésta sustituye denominaciones de la Fiscalía General por Procuraduría General de Justicia. Se dará el cambio de Policía del Estado por Policía Investigadora del Estado, y se creará el Consejo Interior de Normatividad, Planeación y Evaluación.

Dentro de la adecuación para incluir la parte orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dará una nueva estructura, constitución y organización de la Procuraduría; los principios que rigen la función de procuración de justicia y en el ejercicio de su función conserva su autonomía funcional, técnica y de criterio jurídico.

Para fortalecer el Sistema de Seguridad Pública del Estado, se crea una secretaría en el ramo, que tendrá bajo su responsabilidad la elaboración, instrumentación y seguimiento del plan de seguridad pública, la administración y dirección de la Policía Operativa del Estado y la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Al igual, se propone la creación de nuevos tipos penales que captan conductas en que incurren los criminales para tratar de aventajar a las autoridades.

Los nuevos delitos a considera serán: la facilitación delictiva (“halcones”); traer placas sobrepuestas; uso vehículos, uniformes, insignias o equipos oficiales con fines ilícitos; usurpación de funciones de seguridad y la prestación de servicios de seguridad privada sin autorización.

Además, la simulación de vehículos uniformes, insignias o equipos oficiales pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública; desaparición forzada de personas y la simulación de retenes oficiales.

También se darán reformas a la Ley de Turismo, para establecer la obligación de los prestadores de servicios turísticos de tipo hotelero, de informar a las autoridades sobre los ingresos y salidas de sus huéspedes.
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