Presentan en Coahuila reformas legislativas sobre seguridad

Se mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Estado será el órgano de la administración pública, en el que se integra el Ministerio Público y estará encargada de proteger los intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución de los delitos. El procurador general de Justicia presidirá al Ministerio Público y será el titular de la dependencia por seis años, puesto al que fue invitada Griselda Elizalde Castellanos, quien actualmente se desempeña como fiscal especializada de Control de Procesos y Legalidad de la Fiscalía General del Estado. Dentro de la reforma integral a la Ley de Procuración de Justicia, ésta sustituye denominaciones de la Fiscalía General por Procuraduría General de Justicia. Se dará el cambio de Policía del Estado por Policía Investigadora del Estado, y se creará el Consejo Interior de Normatividad, Planeación y Evaluación. Dentro de la adecuación para incluir la parte orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se dará una nueva estructura, constitución y organización de la Procuraduría; los principios que rigen la función de procuración de justicia y en el ejercicio de su función conserva su autonomía funcional, técnica y de criterio jurídico. Para fortalecer el Sistema de Seguridad Pública del Estado, se crea una secretaría en el ramo, que tendrá bajo su responsabilidad la elaboración, instrumentación y seguimiento del plan de seguridad pública, la administración y dirección de la Policía Operativa del Estado y la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Al igual, se propone la creación de nuevos tipos penales que captan conductas en que incurren los criminales para tratar de aventajar a las autoridades. Los nuevos delitos a considera serán: la facilitación delictiva ("halcones"); traer placas sobrepuestas; uso vehículos, uniformes, insignias o equipos oficiales con fines ilícitos; usurpación de funciones de seguridad y la prestación de servicios de seguridad privada sin autorización. Además, la simulación de vehículos uniformes, insignias o equipos oficiales pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública; desaparición forzada de personas y la simulación de retenes oficiales. También se darán reformas a la Ley de Turismo, para establecer la obligación de los prestadores de servicios turísticos de tipo hotelero, de informar a las autoridades sobre los ingresos y salidas de sus huéspedes.

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