Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de la empresa, luego de la polémica generada por la ostentosa fiesta de XV años de su hija en Tabasco, cuyo costo habría alcanzado hasta 40 millones de pesos.
La querella fue interpuesta ante la Unidad de Responsabilidades de la dependencia federal, con el objetivo de que se investigue si existen inconsistencias entre los ingresos de la funcionaria y su patrimonio, así como posibles omisiones en sus declaraciones oficiales.
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El origen de la polémica
El caso cobró notoriedad tras viralizarse en redes sociales la celebración, en la que participaron figuras del espectáculo como Belinda, Galilea Montijo, J Balvin, Xavi y el grupo Matute, lo que elevó las dudas sobre el origen de los recursos utilizados.
De acuerdo con información oficial, Guillén Ávalos se desempeña como auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción, con un salario mensual neto cercano a los 38 mil pesos.
La investigación se centra en posibles discrepancias entre sus ingresos reportados y la adquisición de diversos bienes a lo largo de los años.
Entre los elementos señalados destacan:
- Compra de casas y terrenos en distintas fechas
- Adquisición de propiedades de contado
- Compra de un vehículo de lujo BMW por casi 900 mil pesos
- Falta de detalle en cuentas bancarias y activos recientes
En su declaración patrimonial más reciente, la funcionaria reportó ingresos anuales por alrededor de 581 mil pesos y no incluyó información detallada sobre cuentas bancarias ni otros bienes, lo que encendió alertas dentro de los mecanismos de control.
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Sin embargo, en declaraciones anteriores sí había informado la posesión de inmuebles, terrenos y vehículos, algunos adquiridos sin financiamiento, lo que ahora será revisado por las autoridades.
Vínculos y contexto
Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista vinculado con Pemex, lo que también ha generado cuestionamientos en torno a posibles conflictos de interés.
El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la transparencia en el servicio público y la obligación de los funcionarios de reportar de manera clara y completa su patrimonio.
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Pemex señaló que será la autoridad anticorrupción la encargada de determinar si existen responsabilidades administrativas o alguna conducta indebida por parte de su trabajadora.
El resultado de esta indagatoria podría sentar un precedente en la fiscalización de servidores públicos, especialmente en casos donde el nivel de gasto genera dudas sobre su congruencia con los ingresos reportados.
Mientras tanto, el caso de la llamada “quinceañera de Tabasco” continúa generando atención pública, no solo por el lujo del evento, sino por las implicaciones legales y de transparencia que ahora enfrenta.