Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgieron a la Secretaría de Gobernación a convocar una reunión integral con las instituciones involucradas en el caso, al acusar que existen líneas de investigación pendientes que no han sido retomadas.
En un posicionamiento dirigido a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las familias pidieron que el encuentro incluya a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la unidad especial encargada del caso.
Los familiares aclararon que esta reunión no busca sustituir los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino abrir una mesa específica para revisar avances, destrabar diligencias y definir acciones concretas rumbo al esclarecimiento del paradero de los normalistas.
Familias acusan abandono de líneas de investigación
El comité señaló que desde 2024 fueron abandonadas algunas rutas de investigación abiertas después del descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial presentada durante el gobierno anterior a 2018 y posteriormente señalada como un montaje para encubrir responsabilidades.
De acuerdo con las madres y padres, esas líneas apuntaban a la posible participación de corporaciones de seguridad, células de Guerreros Unidos y funcionarios locales de Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Entre los puntos prioritarios, solicitaron centrar las indagatorias en la comandancia de la policía municipal de Iguala, sitio al que, según documentos militares, habrían sido llevados al menos 17 jóvenes antes de un posible traslado.
También pidieron revisar los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde, de acuerdo con la información planteada por las familias, podrían haber sido llevados por lo menos 11 estudiantes.
Piden revisar folios militares y extradiciones pendientes
Las familias solicitaron la creación de una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial del caso, con el objetivo de analizar 33 folios militares y extraer información que pueda ser diligenciada por el Ministerio Público.
El comité sostuvo que estos documentos pueden contener datos relevantes para integrar pruebas y avanzar hacia una eventual judicialización de nuevas responsabilidades.
Además, pidieron a la Cancillería colocar en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes consideran piezas clave por su presunta relación con torturas, alteración de escenas y conocimiento de lo ocurrido en la comandancia policial.
Las madres y padres también solicitaron asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al considerar que su trabajo fue fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas de investigación.
Rechazan criminalización de sus protestas
En el mismo posicionamiento, las familias exigieron a Gobernación evitar la criminalización y represión contra el movimiento de Ayotzinapa y contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, luego de las protestas realizadas en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
El comité rechazó señalamientos que buscan vincular sus movilizaciones con intereses políticos externos y pidió que no se abran investigaciones penales contra padres, madres o estudiantes por ejercer su derecho a exigir verdad y justicia.
“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, expresaron las familias, al reiterar que su demanda central sigue siendo conocer el paradero de los 43 normalistas y evitar que el caso permanezca detenido a casi doce años de la desaparición.
