El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que la policía incurrió en uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas durante la manifestación del domingo 11 de octubre por la calidad del agua en Guadalajara.
Aunque anunció que todas las personas arrestadas recuperaron su libertad, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) advirtió que los procesos penales contra siete de ellas siguen abiertos.
En un video difundido este martes 13 de octubre, el mandatario admitió que el operativo frente a Casa Jalisco presentó graves deficiencias y aseguró que los elementos involucrados en los excesos ya fueron identificados y serán investigados.
Lemus reconoce que no debieron usar agua ni gas
La protesta reunió a miles de personas que exigían soluciones al suministro de agua turbia y con malos olores en hogares de la zona metropolitana. La movilización llegó a la residencia oficial del gobernador, donde policías utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los asistentes.
“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, expresó Lemus, después de señalar que había revisado decenas de videos de lo ocurrido.
Su reconocimiento contrastó con la postura que sostuvo el lunes, cuando defendió la respuesta de los policías antimotines y atribuyó los enfrentamientos a un supuesto grupo de choque de unas 400 personas.
El martes mantuvo que algunos manifestantes actuaron con violencia, pero aceptó que también hubo excesos de elementos estatales y que el despliegue se salió de control en su momento más crítico.
El operativo dejó 39 personas detenidas. De ellas, 32 habían recuperado su libertad el lunes, mientras que las siete restantes fueron trasladadas este martes al penal de Puente Grande antes del anuncio de su liberación.
La Fiscalía de Jalisco les atribuyó delitos relacionados con lesiones dolosas contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública y desobediencia o resistencia de particulares.
El Cepad, que participa en su defensa, aclaró que la salida de custodia no significa que las investigaciones hayan concluido y sostuvo que las carpetas y los procedimientos penales continúan.
“Las personas hoy están en libertad, pero siguen los procesos penales abiertos y la criminalización continúa”, señaló la organización.
Familiares, ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos habían denunciado desde el domingo violencia policial e irregularidades en las detenciones y en el acceso a la defensa.
Anuncian investigación interna y reparación del daño
Lemus solicitó una investigación interna para determinar la responsabilidad de los policías involucrados y aplicar las sanciones correspondientes. Planteó que el procedimiento tenga acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
También señaló que deben garantizarse la reparación del daño y medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. En su mensaje no detalló sanciones ya aplicadas ni el calendario de la investigación.
El anuncio llegó después de nuevas movilizaciones de ciudadanos y estudiantes en distintos puntos de Guadalajara, donde exigieron la liberación de los detenidos y respeto al derecho a manifestarse.
Reclamo por agua limpia sigue pendiente
La inconformidad tiene como origen las denuncias por la calidad del agua distribuida en la zona metropolitana. Organizaciones de derechos humanos han señalado que, desde marzo, al menos 320 colonias reciben agua con malos olores y han denunciado la presencia de metales pesados y contaminación fecal a partir de muestras analizadas.
En su mensaje, el gobernador también defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala–Guadalajara y aseguró que no implicará privatizar el servicio, contratar deuda ni aumentar las tarifas.
Mientras las personas detenidas recuperaron su libertad, permanecen pendientes la resolución de los procesos penales, las responsabilidades por el operativo y las respuestas a los habitantes que reclaman agua limpia.