Organizaciones civiles exigieron abrir un diálogo nacional para transformar la política de drogas en México, con propuestas para despenalizar la posesión simple, aplicar amnistías y ampliar los servicios de salud y reducción de riesgos.
Durante la presentación de la plataforma ciudadana Menos Daño, en la capital del país, calificaron como fallida la estrategia militarizada iniciada en 2006.
El frente reúne el trabajo de diez colectivos y plantea que las decisiones sobre sustancias deben incorporar evidencia, regulación y derechos humanos. Sus integrantes sostuvieron que, después de dos décadas, es necesario revisar tanto la persecución penal como la atención a las personas consumidoras.
Alejandra Sánchez Inzunza, coordinadora del proyecto, llamó a las autoridades a iniciar esa discusión y señaló que la campaña busca modificar una narrativa centrada en la prohibición y el castigo.
Cuestionan que la persecución recaiga en los sectores más vulnerables
Renata Demichelis, directora de Elementa Derechos Humanos, sostuvo que los distintos gobiernos han desatendido la evidencia acumulada sobre las consecuencias de la política antidrogas. A su juicio, las operaciones de seguridad no están diseñadas para alcanzar de manera suficiente a las cúpulas criminales ni a las redes de macrocriminalidad en las que también participan funcionarios.
La activista afirmó que las consecuencias penales recaen principalmente en los niveles más bajos de esas estructuras. Como parte de su argumento, señaló que hay casi tres veces más personas encarceladas por delitos menores de posesión o menudeo que por tráfico internacional a gran escala.
Demichelis reconoció que las dos administraciones federales más recientes han mostrado disposición para conversar con la sociedad civil, pero cuestionó que esa apertura no se haya traducido en cambios estructurales.
Entre las medidas que consideró urgentes están despenalizar la posesión simple, revisar el encarcelamiento por esas conductas y modificar los modelos de atención al consumo, además de poner fin a la militarización de la política de drogas.
Naloxona y análisis de sustancias, entre las propuestas
Cristina Reyes, directora de México Unido contra la Delincuencia, explicó que Menos Daño articula acciones para reducir los riesgos asociados al consumo. Entre ellas mencionó el análisis de sustancias, que busca identificar su composición y advertir sobre posibles adulteraciones.
Otra de las demandas es modificar la clasificación de la naloxona para facilitar su acceso. Este medicamento permite revertir sobredosis por opioides, incluido el fentanilo, por lo que las organizaciones consideran importante ampliar su disponibilidad para la atención de emergencias.
La plataforma también impulsa avanzar en la regulación del cannabis, reconocer los derechos de las personas usuarias y los usos tradicionales de plantas de los pueblos originarios, así como fortalecer la capacitación policial.
Piden aplicar amnistías por delitos no violentos
Rogelio Salgado, representante de CEA Justicia Social, cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y pidió utilizar las leyes de amnistía vigentes para revisar los casos de personas encarceladas por delitos no violentos relacionados con sustancias.
Los participantes plantearon que la transformación debe abarcar las normas penales, los servicios sanitarios y los recursos destinados a la atención comunitaria. El objetivo de Menos Daño es llevar esas propuestas a una discusión nacional que produzca cambios legislativos y de política pública, más allá de las reuniones con autoridades.