El Gobierno de México rechazó el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas sobre el Comité de Desapariciones Forzadas al calificarlo como "tendencioso" por omitir avances contra los casos desde 2018, así como los señalamientos realizados por la organización.
Dicho informe mencionó que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó la remisión urgente sobre la situación sufrida en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a que enfatizó que se tendrían que considerar medidas como la prevención, investigación, castigo y erradicación para contrarrestar las cifras de este crimen en el país.
A través de un comunicado, el Gobierno Federal se dio a conocer que la administración consideró el documento como tendencioso debido a que no se tomaron en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas.
"Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución."
Aseguró que la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, provocaron esta postura de la administración federal.
"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo."
Afirmó que la aprobación de herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses fueron producto de un proceso efectuado en conjunto con los familiares de las víctimas.
Además, se estipuló que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
¿Qué menciona el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada?
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó que esta información parece contener indicios fundamentados por los "múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país."
La remisión solicitada hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, mas no el de establecer la responsabilidad penal individual. Sin embargo, afirmó que se debe determinar que los indicios estén fundamentados.
"Debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia."
Además, se destacó que el Comité detectó que algunos casos denunciados se encontraban vinculados a la participación directa de funcionarios públicos.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, enfatizó que el derecho internacional no exige que los crímenes se produzcan solo a nivel nacional, sino que solo requieren que el hecho se lleve a cabo en contra de la ciudadanía en general.
"El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil."