La SCJN ordena la despenalización del aborto en Yucatán
Aunque Yucatán se une a otros estados despenalizados, persisten desafíos en el acceso equitativo a servicios de aborto seguro
En un hito histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado al Congreso de Yucatán la derogación de los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, garantizando así la despenalización de esta práctica médica en el estado.
La Primera Sala de la SCJN emitió este contundente fallo tras aprobar un amparo presentado por la Asociación Civil Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, marcando un avance significativo en la protección de los derechos reproductivos de las mujeres en Yucatán y en todo el país.
Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat lideró esta histórica resolución al presentar un proyecto que no solo concedió el amparo a la Asociación Civil, sino que abogó por la despenalización del aborto en todo el estado de Yucatán.
Esta determinación, respaldada por la mayoría de los ministros de la Primera Sala, es un claro mensaje en favor de la autonomía y la dignidad de las mujeres, reconociendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su salud reproductiva.
El desafío de garantizar la implementación efectiva de la despenalización
Si bien Yucatán se une a los 15 estados en México donde el aborto ya está despenalizado, aún persisten desafíos significativos en términos de acceso a servicios seguros y gratuitos de interrupción del embarazo.
Las disparidades regionales en la disponibilidad de clínicas especializadas, la persistente estigmatización y la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud son barreras que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres.
Un paso hacia la equidad y el respeto a la autonomía reproductiva
La decisión de la SCJN representa un avance crucial en la lucha por la equidad de género y la protección de los derechos reproductivos en Yucatán y en todo el país.
La despenalización del aborto no solo es un imperativo legal, sino también un acto de justicia social que reconoce la autonomía de las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro.
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