La Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) frustraron el tráfico ilegal de 774 tortugas de agua dulce que fueron enviadas al Aeropuerto Internacional de Tijuana ocultas dentro de calcetines y empaquetadas en cajas etiquetadas falsamente como “cosméticos”. El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina el miércoles 12 de noviembre, cuando personal de la Guardia Nacional detectó irregularidades en nueve cajas de cartón procedentes del Estado de México.
Al revisar el interior, los elementos localizaron varias cajas plásticas transparentes apiladas, cada una con tortugas envueltas en calcetines para ocultarlas y reducir su movimiento. La Profepa informó que el envío no contaba con documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares, ni hubo persona alguna que se presentara a reclamar el paquete.
De acuerdo con información preliminar incluida en el reporte oficial, el remitente y el destinatario serían personas de nacionalidad china, lo que apunta a una posible red vinculada al comercio ilegal de fauna silvestre. La dependencia subrayó que el tráfico de especies representa una de las amenazas más graves para la biodiversidad del país.
Tras la alerta, inspectores de la oficina de Profepa en Baja California acudieron al aeropuerto para realizar el conteo y verificar las condiciones físicas de los animales. Durante la diligencia se identificó que los ejemplares pertenecen a los géneros Kinosternon y Trachemys, ambos dulceacuícolas. En total se contabilizaron 774 tortugas, de las cuales cuatro habían muerto; el resto se encontraba en aparentes buenas condiciones pese al estrés del traslado.
La autoridad ambiental detalló que la mayoría de las especies halladas están listadas en los apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Algunas también están incluidas en categorías de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que subraya el nivel de protección requerido y la gravedad del intento de extracción ilegal.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de Protección al Ambiente, señaló que el combate al tráfico de vida silvestre es una prioridad institucional y solicitó a la ciudadanía denunciar estas prácticas, al advertir que “este delito afecta de manera directa a la biodiversidad del país”.
La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente y la Guardia Nacional dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades. Todos los ejemplares asegurados fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde recibirán atención especializada y permanecerán bajo resguardo.