La Fiscalía General de la República presentó ante las fiscalías y procuradurías del país una estrategia para unificar los procedimientos de investigación relacionados con desaparición de personas, extorsión, feminicidio y delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
Las propuestas fueron expuestas durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, donde también se abordaron el fortalecimiento de las capacidades forenses, la profesionalización del personal y posibles modificaciones al procedimiento penal.
El planteamiento busca que las instituciones federales y estatales trabajen con criterios comunes, intercambien información y mejoren la integración de las investigaciones, particularmente en delitos de alto impacto.
Actualizan protocolo para investigar desapariciones
Uno de los principales acuerdos fue la actualización del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición de Personas, desarrollado con la participación de familiares, colectivos, organizaciones civiles e instancias internacionales.
El documento establece una metodología nacional para investigar y buscar a personas desaparecidas, además de coordinar las labores de localización, identificación y atención integral a las víctimas y sus familias. También incorpora un enfoque diferenciado para casos relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad.
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó además un diagnóstico sobre las capacidades, fortalezas y necesidades de las fiscalías estatales especializadas en desaparición.
La información permitirá detectar deficiencias, compartir buenas prácticas y establecer acciones de capacitación, adecuación institucional, seguimiento y evaluación.
Durante la asamblea también fue aprobado un protocolo especializado para investigar delitos contra personas defensoras de derechos humanos, como parte del cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Digna Ochoa y Plácido contra México.
Buscan homologar respuesta contra extorsión y feminicidio
En materia de extorsión, la FGR presentó un manual de operaciones para las fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias e investigar este delito.
El instrumento pretende fortalecer la atención y protección de las víctimas, facilitar la coordinación entre autoridades estatales y federales y orientar las investigaciones hacia la identificación y desarticulación de las estructuras criminales vinculadas con este ilícito.
Respecto al feminicidio, se expuso el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, iniciativa que todavía se encuentra en análisis legislativo.
La propuesta establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia reforzada.
El proyecto también contempla un tipo penal homologado en todo el país, 10 razones de género, 19 circunstancias agravantes y penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de sanciones para los casos de tentativa.
Refuerzan capacidades forenses y procedimientos penales
Otro de los acuerdos está relacionado con el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de mejorar sus registros y facilitar el intercambio de información entre la Federación y las entidades.
También fueron presentadas las Guías de Valoración de la Prueba Pericial, cuyos primeros tomos incluyen genética, toxicología, identificación humana, odontología, balística, medicina forense y criminalística de campo.
Un tercer volumen se encuentra en elaboración e incorporará identificación facial, química forense con énfasis en fentanilo y procedimientos para el análisis y certificación de lesiones.
Como parte de la profesionalización, el Instituto Nacional de Ciencias Penales presentó una oferta académica para el personal de las fiscalías, integrada por especialidades, maestrías, doctorados, diplomados, cursos y talleres en modalidades presencial y a distancia.
La FGR propuso además cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales para agilizar las investigaciones, principalmente las relacionadas con delitos de alto impacto, fortalecer las garantías de las víctimas y brindar mejores herramientas jurídicas para combatir la impunidad.
La propuesta será revisada y enriquecida por las fiscalías de las 32 entidades antes de continuar con el proceso correspondiente. Al concluir la asamblea, Ernestina Godoy señaló que los acuerdos deberán traducirse en acciones concretas y refrendó la coordinación de la FGR con las instituciones estatales, la Agencia de Investigación Criminal y las áreas de inteligencia y servicios periciales.
