El veracruzano calificó la acusación como una "bola de sandeces", argumentando que su nombre solo figura en tres de los 38 elementos probatorios
La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó una nueva ofensiva legal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este jueves, ante un juez federal, la institución presentó una imputación por el delito de peculado, acusándolo del presunto desvío de $5 millones de pesos pertenecientes al erario federal.
El origen de la acusación
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el monto en cuestión estaba destinado originalmente al Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad. Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, los fiscales presentaron 38 datos de prueba con los que pretenden demostrar que Duarte es responsable del mal manejo de estos recursos.
De ser hallado culpable, el exmandatario podría enfrentar una pena adicional de hasta 14 años de prisión.
'Pueden decir misa': defensa de Duarte
Tras escuchar los argumentos de la FGR frente al juez Gustavo Aquiles Villaseñor, Javier Duarte solicitó la palabra para descalificar tajantemente las pruebas presentadas. El veracruzano calificó la acusación como una "bola de sandeces", argumentando que su nombre solo figura en tres de los 38 elementos probatorios.
"Pueden decir misa, pero no hay un solo dato verificable que me vincule con el delito", sentenció Duarte ante la autoridad judicial.
El imputado también cuestionó la validez de los testimonios, señalando que uno de los señalamientos proviene de un testigo colaborador de la FGR, cuya credibilidad puso en duda. Asimismo, reconoció haber emitido un decreto el 19 de diciembre de 2011 (citado como prueba), pero sostuvo que dicho documento administrativo no constituye una evidencia de actividad criminal.
La comparecencia se llevó a cabo tras haber sido pospuesta en tres ocasiones anteriores. El lunes pasado, el juez Villaseñor advirtió sobre posibles prácticas dilatorias debido a las constantes ausencias de la defensa titular, encabezada por Pablo Campuzano, quien se encuentra hospitalizado. No obstante, en esta ocasión la diligencia procedió con personal del despacho jurídico del exgobernador.
Este nuevo proceso legal llega en un momento crítico para Duarte de Ochoa. En abril próximo, el exgobernador está por cumplir la sentencia de 9 años de prisión que se le dictó por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Si la FGR no logra que el juez dicte el auto de vinculación a proceso por esta nueva imputación de peculado, Duarte de Ochoa podría recuperar su libertad en los próximos meses al extinguirse su condena previa. Por ahora, permanecerá recluido en el Reclusorio Norte.
