El Consejo General del INE vivió este jueves una jornada de alta tensión institucional, pues el partido Somos exigió la separación temporal de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, debido a las investigaciones en curso por presunta corrupción y tráfico de influencias.
Ante esto, el pleno electoral mostró profundas divisiones internas entre llamados a la transparencia, advertencias de violencia política de género y defensas de la autonomía del organismo.
Taddei responde a señalamientos
La controversia escaló cuando Marco Baños, representante del partido Somos ante el INE, solicitó formalmente a Guadalupe Taddei separarse de su cargo mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias federales investigan a excolaboradores y trabajadores cercanos a su administración.
Ante los señalamientos, Taddei defendió la solidez de la institución electoral y afirmó que el INE saldrá airoso de estos ataques y reiteró a los partidos políticos que las elecciones no se ganan cuestionando a la autoridad electoral.
🚨Quien está obligado a cuidar los votos también debe responder por los recursos del Instituto Nacional Electoral. Ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el #INE, #SOMOS exige investigaciones a fondo y que Guadalupe Taddei se separe temporalmente de la Presidencia del Instituto mientras se esclarecen los hechos. El #INE debe estar a la altura de la democracia que está obligado a proteger. 📹 @MarcoBanos
— SOMOS (@SomosMxMexico) October 22, 2026
¿De qué acusan a Guadalupe Taddei?
La presión sobre la presidencia del INE se intensificó tras la difusión de reportes periodísticos y videos en redes sociales que exponen presuntos conflictos de interés y redes de contratos públicos.
Las pesquisas apuntan a los vínculos de Jonathan Navarrete, chofer de Taddei, y a Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración, con las empresas Corporativo ZEG y Cajas Graf, ambas proveedoras del instituto.
A esto se sumó la filtración de material audiovisual donde se observa a la consejera presidenta departiendo con familiaridad con uno de los proveedores señalados.
Las investigaciones oficiales deberán determinar si existieron irregularidades en las contrataciones, tráfico de influencias o posibles delitos que esclarezcan el manejo administrativo al interior del órgano electoral.