Diputados discutirán desaparición de organismos autónomos
La Comisión de Puntos Constitucionales convocó a una sesión para discutir la propuesta de desaparición de organismos autónomos en México este viernes 23 de agosto.
El proyecto plantea la modificación de diversos artículos de la Constitución para simplificar la estructura orgánica del gobierno, lo que ha generado un debate acalorado en el ámbito político.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, citó a diputadas y diputados para analizar la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla la eliminación de instituciones como el INAI, COFECE, IFT, CONEVAL, CRE, Mejoredu y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La justificación principal detrás de esta propuesta es la supuesta duplicidad de atribuciones con otras entidades gubernamentales.
En el caso del INAI, la distribución de sus funciones entre diferentes dependencias abriría interrogantes sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en el país.
🚨 Este viernes a las 11:00 la Comisión de Puntos de la Cámara de Diputados discutirá el dictamen que elimina organismos constitucionalmente autónomos pic.twitter.com/2wyRPlCEfY
— Detrás de las Cámaras del Congreso (@dd_lascamaras) August 21, 2024
La posible absorción de estas tareas por la Secretaría de la Función Pública y otros órganos gubernamentales plantea desafíos en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Además, dicha propuesta también contempla que la Secretaría de Economía, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el INEGI asuman las responsabilidades actualmente a cargo de la COFECE, IFT y CONEVAL respectivamente.
Este reajuste en las atribuciones de las dependencias nacionales busca reorganizar la administración pública federal y optimizar la estructura del gobierno.
SIn embargo, la posible desaparición de organismos autónomos ha generado controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad.
La eliminación de instituciones clave en áreas como competencia económica, telecomunicaciones, educación y energía plantea incertidumbres sobre la garantía de derechos y la independencia de los órganos de control y supervisión en el país.
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