Diputados avalan reforma para que Pemex y CFE sean públicas

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Con 353 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para que Pemex y la CFE sean nuevamente empresas públicas.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada, y un total de 353 votos a favor y 122 en contra, la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma permitirá que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a ser consideradas empresas públicas a cargo del Estado mexicano, recuperando así su papel estratégico en la producción de energía y combustibles.

El dictamen aprobado, que forma parte del paquete de reformas energéticas impulsadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende devolver al Estado el control sobre las actividades prioritarias del sector energético.

En términos concretos, la CFE tendrá a su cargo el 54% de la generación de electricidad en el país, mientras que el 46% restante seguirá en manos del sector privado.

Este modelo, aunque defendido por Morena, ha generado controversia entre la oposición, que advierte sobre posibles afectaciones a la inversión privada y la competitividad del sector energético.

Durante el debate parlamentario, los legisladores de Morena recordaron que la reforma energética de 2013 había establecido que las empresas estatales debían operar bajo un régimen productivo y mercantil, lo que permitió una mayor participación privada en la producción de energía.

Con la nueva reforma, explicaron, se retorna al carácter público de Pemex y la CFE, en línea con la visión de la Cuarta Transformación de priorizar la soberanía energética del país.

Hoy se refuerza lo que ya se había aprobado en la Ley de la Industria Eléctrica, que fue invalidado por la Corte, afirmó Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, al defender la reforma. 

El legislador explicó que la nueva configuración de la industria eléctrica, con la CFE controlando más de la mitad de la producción, garantizará que el Estado mantenga su rectoría sobre un sector clave para el desarrollo nacional.

 


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