Diez funcionarios de seguridad y procuración de justicia fueron detenidos en Chiapas después de que se difundiera un video donde presuntamente participan en actos de tortura contra dos hombres durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que entre los detenidos se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías que participaron en los hechos registrados el pasado 14 de marzo en la capital chiapaneca.
Las autoridades señalaron que las personas arrestadas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.
¿Qué muestran los videos difundidos en redes?
Las grabaciones, de apenas 19 segundos, exhiben a elementos de seguridad sometiendo a dos hombres mediante bolsas de plástico colocadas en la cabeza para impedirles respirar, una práctica considerada como tortura.
En la primera escena aparecen agentes de la Fiscalía Región Metropolitana y de la División de Investigación e Inteligencia Ministerial mientras interrogan a un sujeto sentado en un sillón dentro de un inmueble que aparenta ser un gimnasio improvisado. Al no responder, los agentes presionan la bolsa para impedirle respirar.
Posteriormente, el video muestra a otro hombre acostado en un sillón negro mientras tiene cubierta la cabeza con una bolsa oscura. En la grabación también aparecen integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías estatales realizando comentarios y riendo mientras el detenido intenta respirar.
Los hechos habrían ocurrido en un inmueble de la colonia Loma Bonita, una zona de Tuxtla Gutiérrez identificada por índices de robo de vehículos y asaltos.
Fiscalía acepta autenticidad del material
La noche del miércoles 20 de mayo, Llaven Abarca reconoció públicamente que los videos son auténticos y aseguró que continuarán las diligencias para determinar si existen más funcionarios involucrados.
“Seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, declaró el fiscal.
Sin embargo, familiares de los detenidos y organizaciones civiles denunciaron que el comandante regional de la Policía de Investigación, Pablo Enrique Reyes Custodio, presuntamente ordenó los actos de tortura y hasta el momento no ha sido detenido.
Organizaciones denuncian prácticas sistemáticas
El Comité Digna Ochoa sostuvo que este caso no sería un hecho aislado y acusó a la Fuerza Pakal y a policías estatales de operar “al límite de la legalidad” durante operativos.
La organización aseguró que existen más denuncias similares que no prosperan porque las víctimas quedan bajo control de las mismas autoridades involucradas.
“Hay decenas de casos como este y no hay castigos ni sanciones”, denunció la asociación civil.