Una jueza de Control de Oaxaca impuso prisión preventiva justificada al exalcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, acusado del presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Como parte de la resolución, ordenó su traslado al penal de San Francisco Tanivet, ubicado en el distrito de Tlacolula de Matamoros, en los Valles Centrales.
La juzgadora determinó que el exfuncionario permanezca privado de la libertad durante el desarrollo del proceso judicial, al considerar que existe riesgo de que pueda obstaculizar la investigación.
La medida fue dictada pese a los argumentos de su defensa, que solicitó que enfrentara el procedimiento en libertad o bajo prisión domiciliaria.
Jueza rechazó los argumentos de la defensa de Irineo Molina
La audiencia para definir las medidas cautelares se reanudó este sábado a las 11:00 horas, luego de haber sido suspendida la noche anterior, alrededor de las 23:40 horas, tras el auto de vinculación a proceso.
Durante la diligencia, los representantes legales de Molina argumentaron que las dos obras públicas señaladas por la Fiscalía existen y fueron concluidas. Sin embargo, la jueza rechazó sus planteamientos y también negó la petición para que el exalcalde continuara el proceso fuera de prisión.
Antes de la resolución, Molina permanecía en los separos de Ciudad Judicial, en la agencia de Reyes Mantecón.
¿De qué acusan al exalcalde de Tuxtepec?
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO) señala al exfuncionario por su presunta intervención en la contratación irregular de dos obras públicas durante su administración municipal, así como por los pagos realizados a la empresa Deeleg Automatior & Industrial Service, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
De acuerdo con la investigación, los contratos fueron formalizados mediante un procedimiento de invitación restringida:
- 28 de octubre de 2022: contrato MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2022, por un monto de 13 millones 194 mil pesos.
- 1 de noviembre de 2022: contrato MSJBT-20184-IR/R28-011/2022, por un monto de 10 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que, con motivo del primer contrato, el municipio realizó cuatro pagos presuntamente ilegales a la empresa por un total de 13 millones 107 mil pesos.
En el segundo caso, los pagos señalados por la autoridad ministerial ascendieron a 9 millones 931 mil pesos.
En conjunto, el monto que se atribuye al exalcalde por las presuntas irregularidades es de 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos.