Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejó este sábado el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, para ser trasladado a Ensenada, donde continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria.
El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien tomó en cuenta la edad del exmandatario y los padecimientos de salud acreditados por su defensa. Ruffo, de 74 años, permanecerá bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.
Ruffo salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1 alrededor de las 16:28 horas, después de someterse a exámenes médicos. Posteriormente, fue entregado a elementos de la Guardia Nacional, que se encargarán de su traslado a Baja California.
El exgobernador enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente estaría relacionado con una red dedicada al contrabando de combustible hacia México mediante transporte ferroviario, conocido como huachicol fiscal.
La defensa argumentó ante el juez que Ruffo presenta diversos padecimientos, entre ellos hipertensión y problemas de movilidad, además de otros problemas de salud. Estos elementos fueron considerados para modificar el lugar en el que deberá cumplir la medida cautelar.
La resolución establece diversas restricciones para el exgobernador. Deberá permanecer en su domicilio de Ensenada y mantener comunicación diaria con la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También tiene prohibido comunicarse o tener contacto con otros imputados en la causa penal, trabajar o acudir a la empresa de la que es socio y que, según la investigación, estaría relacionada con las operaciones bajo investigación. Asimismo, no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte y visa.
En caso de una emergencia médica, Ruffo podrá acudir a un hospital, pero deberá hacerlo bajo escolta. La prisión domiciliaria no implica el cierre del proceso penal, por lo que el exmandatario continuará sujeto a las determinaciones de la autoridad judicial mientras se desarrolla el caso.