A escasos días del inicio del ciclo escolar, en Veracruz se ha desatado una fuerte controversia por el cobro de cuotas en planteles de educación básica.
El conflicto evidencia la constante tensión entre el derecho constitucional a una educación gratuita y las carencias operativas que enfrentan las escuelas para su mantenimiento diario.
Prohibición estricta y respaldo legislativo
A nivel estatal se emitió la advertencia de prohibir cualquier cobro o condicionamiento de inscripción. Esta postura fue respaldada por la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales, en conjunto con representantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia.
“Que ningún niño ni ninguna niña se vea limitado en su derecho constitucional de tener acceso a la educación gratuita”, aseveró la legisladora.
Morales García enfatizó que el regreso a las aulas representa un impacto económico severo para las familias, con listas de útiles que oscilan entre los $500 y los $4,500 pesos para los más de 2 millones de alumnos que reanudarán clases este 31 de agosto.
Pese a la prohibición, padres de familia denunciaron que persisten cobros indebidos y aportaciones obligatorias disfrazadas, con mayor incidencia en zonas serranas y de bajos recursos.
La realidad de los planteles
La Asociación Nacional de Padres de Familia precisó que la ley únicamente contempla aportaciones voluntarias —en dinero o en especie— acordes a la capacidad de cada hogar, las cuales deben ser administradas por las mesas directivas y no por los directivos escolares.
Sin embargo, representantes de los padres señalaron que la falta de recursos oficiales deja desprotegidas las necesidades básicas de los inmuebles:
Servicios básicos: Pago de energía eléctrica, internet y servicio telefónico.
Mantenimiento y limpieza: Reparación de sanitarios e insumos de higiene personal.
Falta de transparencia: Cuestionaron el manejo opaco de las cooperativas o tienditas escolares, cuyos ingresos históricamente servían para resolver emergencias.
Avances y retos pendientes
Como alternativa para mitigar el desabasto financiero, la diputada Morales García destacó una reforma estatal reciente que permitirá destinar recursos públicos a escuelas sin escrituras mientras regularizan su situación predial.
A este panorama se suma el retraso en la distribución de libros de texto gratuitos en municipios como Xalapa, un pendiente que las autoridades educativas deberán solventar antes de que las aulas abran sus puertas formalmente.