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Comparecerá Osorio Chong ante diputados

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Entre los dictámenes aprobados destaca el que modifica el Artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 1 constitucional.

El documento propone sancionar con mayor dureza la práctica de la simulación de secuestro al aplicar un castigo de 200 a 700 jornadas de trabajo comunitario o, en su defecto, una pena corporal de tres a seis años.

También que pese al que el autosecuestro es un acto simulado genera daños reales en los allegados de quien lo realiza, además de que impulsa la actividad del Estado y lo obliga a gastar recursos en la persecución de un secuestro inexistente.

Actualmente la pena a dicha conducta es de 100 a 350 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue quien propuso modificar el dictamen, a fin de elevar la sanción ante lo que consideró genera una doble victimización de la familia.

Originalmente, dijo, el resolutivo proponía una pena de prisión de dos a ocho años, sin embargo, de acuerdo con el Artículo 70 del Código Procesal Penal, la persona puede pagar una multa y evadir cualquier tipo sanción; “esa es una puerta de salida para el que comete el delito”.

Explicó que cuando una persona simula su propio secuestro se victimiza y a su propia familia, es decir se duplica en principio, porque se llega a pensar que realmente un integrante de la familia está privado de la libertad.

Ello, abundó, es una carga emotiva, y después al saber que fue su propio familiar quien simuló su secuestro termina por pagar las fianzas y multas que se generan, por lo que “no podemos ser ligeros y mantener penas leves”.

José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, recordó que durante su administración como procurador General de Justicia de Morelos se presentaron situaciones similares.

“En el momento de la denuncia, cuando el padre es sujeto a todo tipo de presiones, lo primero que pide es que se proceda contra su familiar, si existe el delito, pero en los hechos ocurre todo lo contrario: es la propia familia la que termina por pagar las multas impuestas, por lo que tenemos que endurecer la ley”, subrayó.

Las diputadas panistas Consuelo Argüelles Loya y Elizabeth Yáñez Robles indicaron que quien simula un secuestro lo hace con la finalidad de adquirir dinero ilegal, por lo tanto es un acto fuera de la ley que debe sancionarse con dureza, además de que quien lo lleva a cabo es una persona con potencial para delinquir.

Los legisladores Joaquina Navarrete Contreras y José Ángel Ávila Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumaron al planteamiento de endurecer las sanciones y señalaron que la simulación no sólo genera un gasto del Estado, sino provoca un daño a la familia y a la sociedad.

Agregaron que el delito de secuestro se incrementa considerablemente en todo el país en tanto que el fenómeno del autosecuestro se ha duplicado de manera particular en el norte de la República, por lo que será un acierto aplicar sanciones ejemplares.

En otra vertiente, la Comisión de Seguridad Pública aprobó el dictamen que reforma la fracción XIX de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para apoyar con recursos públicos a las asociaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda y localización de menores de edad extraviados.

También para los sustraídos de forma ilegal, así como de personas mayores de edad y a la asistencia de víctimas indirectas de dichos actos.

Se aprobó además el dictamen que modifica los artículos 22 y 25 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Artículo 17 de la Ley de la Policía Federal.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas, explicó que este dictamen se había aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular en una sesión anterior.

Pero, añadió, no se habían recabado las firmas correspondientes ni registrado algunas adecuaciones, por lo que se ponía de nueva cuenta a revisión y consideración de los diputados integrantes, quienes lo ratificaron.
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